La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación que había abierto para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, al considerar que existe “falta de jurisdicción” y que los tribunales españoles no son competentes para conocer los hechos.
En su resolución, el Ministerio Público argumenta que “no concurre territorialidad, no concurren los requisitos del principio de personalidad activa, ni se da ninguna de las conexiones materiales exigidas por el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)”, por lo que procede la aplicación del artículo 23.5, que obliga al juez español a “abstenerse cuando otro Estado es el competente”.
De esta forma, señala que para que la Audiencia Nacional asuma una investigación por un delito de trata, el procedimiento debe dirigirse contra un ciudadano español y deben existir elementos de conexión material con España. En las presentes diligencias, sin embargo, las víctimas son extranjeras, no residen en España, los denunciados no se encuentran en territorio español y las nacionalidades de los tres denunciados son distintas: un español, una colombiana y una brasileña.
Además, la Fiscalía subraya que los hechos se atribuyen a países plenamente competentes y que no consta una denegación de extradición. La resolución recuerda que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros supuestos que España “no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”.
“Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España, y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, concluye el escrito.
Las denuncias fueron dadas a conocer a través de una investigación periodística realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. En ella, dos antiguas trabajadoras —una empleada de hogar y una fisioterapeuta— aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuado.
Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según el testimonio de dos de las entrevistadas, los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.
La investigación periodística se desarrolló durante tres años e incluyó el contacto con 15 exempleadas del servicio, entre ellas personal doméstico y otras profesionales especializadas, que trabajaron para el cantante entre 1990 y 2023 en propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.
Fotogalería: Julio Iglesias publica mensajes de sus empleadas para demostrar su inocencia
Ante la polémica generada, Julio Iglesias presentó sus propias pruebas y denunció públicamente que la Fiscalía no le permitió acceder a la carpeta de investigación, lo que —según afirmó— vulnera su derecho a la defensa.
El cantante hizo públicas en sus redes sociales supuestas capturas de pantalla de conversaciones con las denunciantes, señalando que es el único medio del que dispone para defenderse. En un comunicado, indicó que la Fiscalía española no permitió a su equipo legal acceder a la denuncia, motivo por el cual decidió difundir esas pruebas.
Esta semana, Iglesias publicó en su perfil de Instagram varios mensajes que, según afirma, recibió vía WhatsApp de las trabajadoras que lo denunciaron por agresión sexual, con los que busca demostrar su inocencia. “La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones posteriores demuestran que la información difundida carece de veracidad”, señaló el cantante en un comunicado acompañado de las capturas.
Por su parte, las denunciantes mantienen que fueron sometidas a agresiones y acoso sexual durante 2021 y aportaron como pruebas supuestas conversaciones con la encargada de la vivienda, así como imágenes de exámenes de enfermedades de transmisión sexual y ecografías que, según afirman, se les obligaba a realizar.
La ONG Women’s Link Worldwide, que representa a las denunciantes, había expresado su intención de que el caso se investigara y alertó sobre posibles estrategias para desacreditar las acusaciones. No obstante, se mantuvo firme en la defensa de las víctimas y en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia, dada la gravedad de los hechos denunciados.
Fuentes: Agencia EFE y La Sexta
