Tegucigalpa, Honduras
Ante el malestar generado por las nuevas disposiciones emitidas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en relación con la nueva facturación que entra en vigencia el primero de marzo de 2019, la directora Miriam Guzmán ofreció una conferencia de prensa.
Representantes del sector privado señalaron que las nuevas disposiciones pretenden contabilizar los valores que se otorgan al público en la forma de descuentos para proceder a aplicarles un impuesto, situación que terminaría por perjudicar a los consumidores si el comercio opta por descontinuar este beneficio.
Guzmán respondió que “en ningún momento el SAR está prohibiendo que un comercio dé una rebaja o un descuento. Eso es una decisión muy privativa de la política comercial que pueda llevar cada obligado tributario”.
La funcionaria explica que lo que el SAR pide es la transparencia de de las facturas para que reflejen las cantidades y/o porcentajes que rebajan en cada transacción.
Guzmán rechazó asimismo que la nueva normativa suponga una nueva carga tributaria para los comerciantes y reitera que la estructura tributaria permanece sin cambios desde que se aprobaron los impuestos más recientes en el año 2013.
“No hay espacio para más cargas tributarias ni mucho menos para el incremento de sus tasas”, declaró la funcionaria.
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Escudo fiscal
Consultada sobre los motivos para promulgar la nueva normativa de facturación, Guzmán recalcó la necesidad de transparencia en el otorgamiento de descuentos debido a que ciertos comerciantes utilizaban este recurso como un medio para construir un “escudo fiscal” y ocultar algunas cifras “pertinentes” para la administración tributaria.
Guzmán respondió también a los señalamientos de que la implementación de la nueva normativa supone un costo adicional a los comerciantes, que deberán incurrir en nuevos gastos de imprenta para obtener facturas que cumplan con las nuevas disposiciones.
La funcionaria señala que el cambio fue dado a conocer desde el mes de agosto de 2018, por lo que el sector privado tuvo ocho meses para prepararse y que el gasto de imprimir las nuevas facturas no lo absorbe el comercio, sino el Estado porque el comerciante puede deducirlo de pago del impuesto sobre la renta (ISR).
