El presidente Enrique Peña Nieto se alista para presentar esta semana una muy anticipada propuesta para modificar la constitución, con el objetivo de que las principales petroleras privadas vuelvan a participar en los yacimientos mexicanos por primera vez desde la nacionalización del sector en el país en 1938. Esta iniciativa podría atraer miles de millones de dólares en inversiones y reforzar la imagen de México como una economía emergente.
El presidente, que asumió el mando el pasado diciembre por un período de seis años, se juega mucho. El proyecto de ley, que sería enviado al Senado el miércoles, es considerado como una iniciativa decisiva para Peña Nieto. De aprobarse, podría fortalecer la imagen y poder del mandatario, en su intento por transformar el país en otros frentes, como el fiscal y el judicial, cuyos sistemas son considerados disfuncionales.
En un contexto más amplio, presentaría a México como una dinámica oportunidad económica en un momento en que el crecimiento global es lento y otros grandes mercados emergentes como Brasil han perdido parte de su atractivo. Los economistas aseguran que impulsaría la competitividad de la economía mexicana y probablemente revertiría la caída en su producción petrolera, reposicionando al país en las grandes ligas de las potencias exportadoras de crudo.
“Un cambio de fondo en el mercado energético tiene el potencial de colocar finalmente a México en una situación privilegiada entre los mercados emergentes”, señala Benito Berber, estratega de Nomura Securities, en Nueva York. “Si la reforma se aprueba, esperaría un crecimiento de doble dígito en las inversiones para el próximo año”.
El gobierno de Peña Nieto quiere permitir que las firmas privadas puedan compartir los riesgos de desarrollar reservas energéticas cada vez más complejas, como los depósitos de crudo en aguas profundas, dejándoles producir gas y petróleo a través de acuerdos de ganancias compartidas y alianzas con la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex. Los contratos de servicio actuales sólo han atraído a proveedores de petróleo, como Schlumberger o Halliburton, que trabajan en nombre de Pemex pero no pueden perforar por su cuenta.
El proyecto de ley tiene buenas posibilidades. Además del apoyo del PRI, el partido en el poder, cuenta con el respaldo del PAN, el partido opositor de derecha dentro del dividido Congreso.
Sin embargo, el izquierdista PRD probablemente se opondría a los cambios y se prevé que el ex candidato presidencial nacionalista Andrés Manuel López Obrador intente organizar manifestaciones callejeras en contra de la medida. Si estas protestas cobran fuerza, podrían causar problemas, una de las razonas por las que el gobierno quiere que el voto se lleve a cabo en un plazo de semanas.
“La manera en que el gobierno explique la reforma energética y por qué es necesaria, será fundamental para su éxito, que probablemente definirá el resto de los seis años de la presidencia de Peña Nieto”, asevera Alejandro Schtulmann, director de Empra, una firma de consultoría política.
El sector petrolero de México ha estado fuera del alcance de empresas como Exxon Mobil y Royal Dutch Shell desde que el ex presidente Lázaro Cárdenas hiciera historia al convertirse en el primer líder de un importante país productor de crudo en apoderarse de activos de petroleras extranjeras, convirtiéndolo en un modelo a seguir para los mandatarios nacionalistas en otras naciones ricas en recursos energéticos y en un héroe de los libros escolares para todos los niños mexicanos.
En lugar de volver la espalda a Cárdenas, Peña Nieto y su partido planean razonar que el ex líder estaría de acuerdo con los cambios propuestos.
En la presentación pública de la iniciativa, se prevé que Peña Nieto lleve a cabo una fuerte defensa de la propiedad pública de los hidrocarburos y de Pemex, que fue fundada por Cárdenas poco después de la expropiación. También rendirá homenaje a la estatización como la decisión correcta en ese entonces, pero señalará que Cárdenas nunca se opuso a la idea de unir fuerzas con el sector privado para buscar petróleo.
La propuesta de Peña Nieto se asemejará probablemente a las leyes vigentes cuando Cárdenas dejó la presidencia en 1940. En aquel entonces, la Constitución de México fue enmendada para prohibir las concesiones a las firmas privadas, pero leyes secundarias daban la bienvenida explícitamente a la participación del sector privado en la exploración y producción de petróleo
mediante contratos, incluso para compartir las ganancias o la producción.
No fue sino hasta 1960, en medio de la Guerra Fría y la revolución cubana, que México decidió cerrar por completo su industria energética, nacionalizando el sector eléctrico y prohibiendo explícitamente todos los contratos de riesgo compartido.
“Llegó el momento de romper con viejos nacionalismos, tabúsanticuados que ni el presidente Cárdenas, a quien todos admiramos, defendió”, recomienda Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI
en la Cámara de Diputados. “Sin perder la propiedad de los hidrocarburos, debemos buscar la manera de encontrar buenos socios y compartir las utilidades con ellos”.
En 1938, las tácticas de mano dura de Cárdenas tenían muchosentido. Las petroleras en los años 20 eran conocidas por su comportamiento algo abusivo, enviando la gran mayoría de sus ganancias al exterior. La gota que derramó el vaso fue cuando las petroleras extranjeras se negaron rotundamente a cumplir con una orden judicial de un aumento salarial para los trabajadores.
Pero décadas más tarde, las cosas han cambiado. Ya que el crudo financia más de un tercio de todo el presupuesto de México, las décadas de menor inversión han causado un declive en la producción y una escasez de profesionales cualificados en la industria. Se calcula que México cuenta con las cuartas mayores reservas de gas de esquisto en el mundo pero importa gas de Estados Unidos, aumentando así los costos para sus fabricantes.
México fue uno de los primeros países en declarar un monopolio estatal petrolero, pero sería de los últimos en ponerle fin. El país tiene las leyes petroleras más restrictivas, a excepción de Kuwait y Corea del Norte. Naciones como Brasil, Noruega y Nigeria permiten que empresas privadas compartan los riesgos y recompensas de la exploración petrolera. Se prevé que la propuesta del gobierno enmiende varios de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, el núcleo legal del nacionalismo petrolero del país. La estrategia se parece a la del PAN, el partido que antes estaba al mando. Juntos, el PRI y el PAN cuentan con la mayoría de dos tercios que se requiere en ambas cámaras del Congreso para hacer cambios constitucionales.
Los sectores más nacionalistas dentro del PRI, que en el pasado han mostrado resistencia a cambios profundos, parecen apoyar al presidente en esta ocasión. “Una mayoría dentro del
PRI apoya una reforma energética que no privatice ni Pemex ni los hidrocarburos. En principio, diría que tiene el apoyo de los sectores más relevantes dentro del partido”, afirma César Camacho,
presidente del PRI.
Algunos representantes del PRI temen que la reforma energética provoque una reacción social en el país, imitando las recientes manifestaciones masivas en Brasil.
López Obrador, el carismático líder populista, ya ha convocado una movilización el 8 de septiembre en el Zócalo de Ciudad de México, la plaza principal de la capital. Aún no está claro si
tratará de llevar la protesta a las calles o tomar la avenida principal, Reforma, tal como ha hecho en el pasado.
“Movilizaremos al pueblo de México, que es el único que puede parar esto”, dice Martí Batres, un cercano asesor de López Obrador. “No descartamos ninguna acción para defender el petróleo, siempre pacíficamente”.
Pero las manifestaciones solo tendrán repercusión si son masivas y logran movilizar los sectores sin afiliación política de la clase media. “Si López Obrador sólo consigue movilizar a sus propias
gentes, será otra manifestación más. Una de las cientos a las que la Ciudad de México está acostumbrada”, indicó Schtulmann.
