San Pedro Sula
La tala ilegal de los bosques, invasiones de tierras sembradas con árboles certificados y la falta de estimulos a la silvicultura siguen frenando la expansión de la creación de bosques privados en Honduras para fines comerciales.
Como en décadas pasadas, Honduras sigue desaprovechado de manera sistemática su vocación forestal comercial al no capitalizar el enorme potencial económico, social y ambiental de sus plantaciones madereras certificadas, a pesar de contar con especies de alto valor como la caoba hondureña (reconocida internacionalmente por su calidad excepcional y trabajabilidad superior) y condiciones ideales para un manejo sostenible que podría generar divisas, empleo rural y un impulso significativo al desarrollo nacional.
Esta brecha tiene su origen principal en una legislación forestal que no distingue entre los bosques naturales y las plantaciones comerciales, aplicando las mismas normativas restrictivas y burocráticas a ambos tipos de recursos y frenando de esta manera la inversión privada en el sector silvícola.
“El principal problema es la legislación. La legislación en materia forestal no es acorde a las mejores prácticas internacionales para esto”, dice Roberto Carlos Salinas, presidente de la Asociación Nacional de Silvicultores de Honduras (Anasllh).
Sin embargo, Salinas tiene la esperanza que el nuevo Congreso Nacional genere una nueva normativa que eliminará todas confusiones legales, ofrecera seguridad jurídica y estimulos al sector.
La burocracia excesiva en los trámites de aprovechamiento y comercialización agrava notablemente la situación, pues los permisos emitidos por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) no contemplan el tiempo necesario para el secado adecuado de la madera ni la búsqueda oportuna de compradores en un mercado que exige rapidez y eficiencia.
“La burocracia que existe y la normativa actual es demasiado desincentiva la inversión forestal, implantación sostenible”, dice Salinas.
A esto hay que sumar la inseguridad jurídica que afecta directamente a las plantaciones privadas, con invasiones frecuentes que dejan a los silvicultores sin protección efectiva por parte de las autoridades y desaniman cualquier nueva iniciativa de inversión en este rubro estratégico.
"Muchos están arrepentidos de haber invertido, por ejemplo, al expresidente de la asociación de silvicultores le invadieron su plantación forestal, unas 30 hectáreas", cita como ejemplo un caso de inseguridad jurídica ante las invasiones.
Según el Anuario Estadístico Forestal de Honduras 2024, elaborado por la Unidad de Estadísticas Forestales del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), durante el año se emitieron 122 certificados de plantaciones forestales que abarcan 988.41 hectáreas y 916,135 árboles certificados, lo que representa un avance limitado en la formalización de nuevas áreas productivas.
Estas cifras contrastan marcadamente con el acumulado entre 2011 y 2024, cuando se registraron más de 4,600 certificados y aproximadamente 8.7 millones de plantas, evidenciando un claro estancamiento respecto a años como 2022, cuando se certificaron alrededor de 1,549 hectáreas en un solo ejercicio y se reflejaba mayor dinamismo en el sector.
Los silvicultores exigen con urgencia una nueva normativa específica y moderna para las plantaciones privadas, con trámites ágiles y diferenciados que reconozcan la naturaleza distinta de estos cultivos forestales comerciales y faciliten su aprovechamiento sostenible sin las trabas actuales.
Francisco Escalante, quien ocupó los cargos de coordinador de un programa nacional de reforestación, viceministro y líder de la unidad nacional de estadística forestal del ICF, explica que “la certificación de sus plantaciones ha permitido dar seguridad jurídica a los propietarios para garantizar que la madera proviene de una inversión legal, trabajable y sostenible”.
En Guatemala, país vecino, el sector silvícola avanza con incentivos concretos y atractivos que entregan hasta 3,000 dólares por hectárea sembrada en los primeros años, junto a financiamiento accesible a largo plazo y condiciones favorables para la comercialización que estimulan la inversión privada de manera efectiva.
Esta realidad contrasta fuertemente con la situación en Honduras, donde la falta de estímulos fiscales y técnicos adecuados impide que las plantaciones alcancen su pleno potencial productivo y contribuyan de forma decisiva al crecimiento económico y la generación de empleo en las zonas rurales del país.
El aprovechamiento ordenado de la madera nacional generaría empleos directos para miles de carpinteros locales y fortalecería las cadenas productivas asociadas a la industria transformadora, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de importaciones de muebles y derivados de la madera que actualmente saturan el mercado interno.
En El Salvador, por ejemplo, la aplicación de aranceles del 30% a productos extranjeros ha permitido que los carpinteros locales mantengan plena ocupación, ofrezcan alternativas de mayor calidad y durabilidad a precios competitivos, y contribuyan al fortalecimiento de la economía nacional a través del valor agregado local.
