Tegucigalpa, Honduras.
La empresa privada recurrirá a instancias legales contra los funcionarios que emitieron el oficio SAR-DNCT-001-2017, mismo que contiene la retención, en los bancos, del ISV en las operaciones hechas con tarjetas de crédito.
“Como sector privado iremos hasta las últimas consecuencias. Si no se retractan, vamos a tener que poner una denuncia al Ministerio Público para que actúen en contra de los funcionarios que están violentando la ley”, dijo Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés.
El Cohep solicitó dejar sin valor y efecto el oficio suscrito el febrero, al considerarlo una instrucción dictada en forma contraria a la Constitución, al Código Tributario y otras leyes en materia tributaria.
Para los empresarios, esta medida atenta con la seguridad jurídica de Honduras.
Durante el fin de semana, el sector privado no obtuvo respuesta del Servicio de Administración de Rentas.
Julio Raudales, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, consideró que la disposición del SAR, de cobrarles a los comercios el impuesto sobre ventas (ISV) en las transacciones en dinero plástico, va orientada a una recaudación más eficiente.
“Con esta medida, el Gobierno lo que está pretendiendo es tener dinero rápidamente en la caja. Es una medida que desde el punto de vista del Gobierno es positiva, pero para los empresarios no, porque si ellos retienen el dinero en la banca, pues están ganando intereses”, explicó.
Raudales agregó que la medida no afecta a los usuarios de las tarjetas, porque pagan el ISV al momento de hacer una transacción en los comercios. Sin embargo, reiteró que la disposición del SAR sí va en contra de los empresarios “porque no van a disponer de liquidez en el corto plazo”.
La empresa privada recurrirá a instancias legales contra los funcionarios que emitieron el oficio SAR-DNCT-001-2017, mismo que contiene la retención, en los bancos, del ISV en las operaciones hechas con tarjetas de crédito.
“Como sector privado iremos hasta las últimas consecuencias. Si no se retractan, vamos a tener que poner una denuncia al Ministerio Público para que actúen en contra de los funcionarios que están violentando la ley”, dijo Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés.
El Cohep solicitó dejar sin valor y efecto el oficio suscrito el febrero, al considerarlo una instrucción dictada en forma contraria a la Constitución, al Código Tributario y otras leyes en materia tributaria.
Para los empresarios, esta medida atenta con la seguridad jurídica de Honduras.
Durante el fin de semana, el sector privado no obtuvo respuesta del Servicio de Administración de Rentas.
Julio Raudales, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, consideró que la disposición del SAR, de cobrarles a los comercios el impuesto sobre ventas (ISV) en las transacciones en dinero plástico, va orientada a una recaudación más eficiente.
“Con esta medida, el Gobierno lo que está pretendiendo es tener dinero rápidamente en la caja. Es una medida que desde el punto de vista del Gobierno es positiva, pero para los empresarios no, porque si ellos retienen el dinero en la banca, pues están ganando intereses”, explicó.
Raudales agregó que la medida no afecta a los usuarios de las tarjetas, porque pagan el ISV al momento de hacer una transacción en los comercios. Sin embargo, reiteró que la disposición del SAR sí va en contra de los empresarios “porque no van a disponer de liquidez en el corto plazo”.
