El rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y las mejoras al servicio que reciben más de dos millones de abonados pasan por reformas legales.
Esta semana se espera que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional las reformas del subsector eléctrico, proyecto que consta de 26 páginas y cuyo borrador está en poder de LA PRENSA.
El proyecto contó con el acompañamiento de un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Deloitte con financiamiento del Departamento; la iniciativa de ley está alineada con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Guillermo Peña Panting, gerente general de la Enee, asegura a LA PRENSA que de no aprobarse las reformas será difícil mejorar la situación económica de la estatal eléctrica y, por ende, el servicio que brindan a los consumidores.
Subraya que la empresa requiere de manera urgente 1,200 millones de dólares en inversión en la red de transmisión y $1,000 millones para el sistema de distribución, recursos que será imposible gestionar sin la participación privada, ya que la Enee apenas puede aportar $400 millones.
El entrevistado dice que su aspiración de mediano plazo es terminar el sistema nacional de transmisión. Explica que las fallas en transmisión y distribución se traducen en 585 megavatios de energía no suministrada, que representa el 25% de la demanda nacional y 1,080 millones de dólares anuales que no ingresan a la empresa.
A lo anterior se añade el deterioro de los principales indicadores del balance general de la Enee, sobre todo el déficit acumulado de 93,678.3 millones de lempiras al pasado 30 de abril, superando los L70,145 millones de abril 2022.
También se suma el 38% de pérdidas técnicas y no técnicas, que representan 50 millones de lempiras al día, en promedio.
Las reformas planteadas
El proyecto de reformas al subsector eléctrico se ancla en componentes como problemas estructurales, la situación financiera, entre otros.
Según Peña Panting, una de las primeras acciones es terminar el proceso de escisión de la Enee en tres empresas: generación, transmisión y distribución para definir una estrategia para cada una.
Agrega que el modelo de empresa vertical en Centroamérica solo existe en Costa Rica y Honduras, y en Latinoamérica lo mantienen Paraguay, Cuba y Venezuela.
“La escisión de la Enee es un tema que tiene 20 años en Honduras y no se ha terminado, lo que se busca es una mejor práctica del sistema”, añadió el funcionario.
En el tema financiero se crear creará un sistema de pago confiable, en el que participan la Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Banco Central de Honduras (BCH).
El objetivo es que haya flujo de caja y así cubrir los compromisos financieros y la meta es que este en operación antes de la licitación de 1,500 megavatios de potencia firme, la que se aplazó para el primer trimestre del siguiente año.
Otro componente es la deuda histórica, atrasos de pago de 45 días con los generadores privados de energía, demandas laborales, entro otros compromisos.
Alberto Dumas, consultor en tema eléctrico, asegura que el sistema de pago confiable permitirá precios más bajos en la siguiente licitación de energía.
Alcances y su impacto en los hogares
Los cambios en la Ley Marco del Subsector Eléctrico proponen una serie de beneficios para la población, destacando la reducción de la tarifa, suministro confiable y protección al usuario. Además, atrae la inversión en generación, almacenamiento de energía y transmisión bajo reglas competitivas.
Las autoridades de la Enee dejan claro que con las reformas no se vende la estatal eléctrica, tampoco se incrementa la tarifa, no hay exclusividad para nadie de los agentes que participan en el mercado, no hay repartición de privilegios fiscales y ni se debilita el rol del estado.
De no reformarse la ley, el costo fiscal para el Estado crecerá 25% en 10 años y que en 2025 fue de 15,140 millones de lempiras.Para los entrevistados, el rescate de la Enee es un proceso de mediano y largo plazo.
Guillermo Peña Panting relata que el proceso de transformación del sector eléctrico de Honduras avanzó entre 2014 y 2021 bajo la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), sin embargo, se frenó al aprobarse la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social (Decreto legislativa 46-2022, publicado el 16 de mayo de 2022)
