Tegucigalpa, Honduras.
Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) entregó a las autoridades fiscales hondureñas una propuesta para un nuevo pacto fiscal.
El documento, que ha sido elaborado por profesionales que ocuparon cargos públicos, contiene una serie de enunciados encaminados a crear un sistema fiscal efectivo y menos regresivo, que deja sobre los más desposeídos la mayor carga fiscal.
Esta es la primera propuesta que se hace en el país basada en un diálogo abierto, sin importar el color de las banderas políticas que los cobijan.
El gran desafío para la fiscalidad radica en aumentar los ingresos públicos y gastar estos sabiamente para mejorar el bienestar de los hondureños, pero, ¿de qué depende su éxito?, ¿qué pasará si ese documento es engavetado en los modernos y cómodos escritorios de los funcionarios de la administración Hernández que lo recibieron?
Medidas concretas
Como primera prioridad estratégica se deben mantener los balances macro-fiscales, porque situaciones de desequilibrio complicarían el cumplimiento de los compromisos pactados.
En este sentido se deberá evitar que el gasto público supere: “El 27% del PIB en el caso del Sector Público Total, El 21% del PIB en el caso de la Administración Central”.
Con relación al principio de unidad presupuestaria se acordará: “Otorgar poder de veto al Presidente de la República para evitar que el Legislativo apruebe incrementos arbitrarios al Presupuesto”.
Asegurar que los fideicomisos sean transitorios. Estos deberán sustituirse por mecanismos presupuestarios de ejecución. Los fideicomisos se limitarán a casos que involucren créditos revolventes.
“Eliminar las asignaciones globales a instituciones del Estado”. Esto involucraría a entidades que reciben porcentajes del Presupuesto como son la Universidad Autónoma, las Alcaldías y la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a la complementariedad de la inversión pública y privada se pide: “Mantener un nivel de inversión pública no menor del 3% del PIB.
Asegurar que la SEFIN esté efectivamente a cargo de la revisión, aprobación y supervisión de las alianzas público-privadas”.
Con relación a la suficiencia de recursos y eficiente administración tributaria se propone: “Adoptar una carga tributaria de 17% del PIB e ingresos fiscales del Sector Público Centralizado no inferiores al 27% del PIB. Crear un Tribunal Fiscal especializado en el sistema tributario, que fortalezca la especialidad y legalidad de dicho sistema”.
Aplicar un nuevo marco legal orientado a la mayor eficiencia de la DEI, incluyendo un nuevo Código Tributario, ahora bajo discusión.
Adoptar los principios de la OCDE en el otorgamiento de incentivos fiscales. En relación al equilibrio entre ingresos, gastos y deuda pública se propone: evitar que el déficit del Sector Público Combinado supere el 2% del PIB.
Asegurar que el gasto corriente se financie con ingresos corrientes, nunca con deuda.
Al mismo tiempo limitar la deuda del Sector Público Combinado a no más del 50% del PIB.
El economista Efraín Díaz Arrivillaga dijo a D&N que el éxito o fracaso de la propuesta depende de la voluntad política que el gobierno tenga de poder iniciar un diálogo alrededor del mismo y estar en la disposición de poder llegar acuerdos de los problemas que se plantea.
Advirtió que solo la aplicación de las políticas correctas marcarán el desarrollo de un país, un país, agregó, que requiere, principalmente, en el invertir en la gente, en mejorar los niveles y la calidad de los empleos.
Para Mauricio Díaz, coordinador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), se requiere el impulso del pueblo y sus organizaciones de base, porque los gobiernos no siempre están anuentes a este tipo de propuestas.
La propuesta se presenta en momentos en que el gobierno habla de reformas al Código Tributario y la creación de un ministerio de Ingresos en reemplazo de la actual Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Díaz dijo que es justamente en este punto que alcanza relevancia la nueva propuesta de un Pacto Fiscal “porque podría permitir un aglutinamiento y una sistematización de las leyes fiscales, pero también puede haber una política que no sea del gobierno (porque) Honduras necesita una política fiscal de Estado que trasciende a una administración”.
