El alto cargo financiero contemplado en los contratos de energía térmica, y que le cuestan 230 millones de lempiras mensuales a la Enee, es uno de los puntos que las autoridades deben negociar para sacar de la crisis a la estatal.
Emil Hawit, gerente de la Enee (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), dijo ayer que la comisión de alto nivel del Gobierno sostuvo una reunión con representantes de los generadores privados para conocer la respuesta al planteamiento realizado a los generadores hace 12 días, sin embargo, estos aún no tienen una contestación porque en el encuentro concluyeron que la mayoría de las solicitudes son técnicas-financieras.
Hawit señaló que para encontrar una respuesta a la lista de 12 puntos se acordó que esta fuera abordada por los equipos técnicos de las partes.
La comisión de alto nivel está obligada a presentar un informe al presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, para que conozca lo alcances de las negociaciones con las térmicas.
Cargos financieros
Este es uno de los 12 puntos álgidos en las conversaciones con los generadores privados.
No obstante, el gerente de la Enee acepta que no todos los contratos tienen la misma modalidad, “pero los análisis que hemos hecho nos indican que hay algunos contratos que sí los debemos seguir pagando, pero hay otros que ya no”.
Agregó que por ese concepto la empresa paga entre 230 y 300 millones de lempiras mensuales.
Sin embargo, el funcionario reconoce que el Gobierno respetará los contratos vigentes con los generadores privados y las reformas que pueden realizarse en el futuro serán por la vía de las negociaciones, mediante la voluntad de ambas partes.
Hawit agregó que los contratos por los cuales no se puede seguir pagando costos financieros son los de mayor antigüedad, sin precisar los nombres, pero los que cumplen esa característica son los de Lufusa I (39.5 MW), Emce (40 MW) y Elcosa (80 MW).
Otro de los aspectos que se negocia es el referente a las elevadad tasas de intereses, que representan entre 50 y 60 millones de lempiras mensuales al caer en mora por los plazos negociados en los contratos. La Enee pide que se amplíe de 9 a 45 días.
