Tegucigalpa, Honduras.
Funcionarios del Gabinete de Reactivación Económica adelantaron ayer que tienen importantes consensos con los representantes del sistema financiero para aprobar medidas que permitan readecuar las deudas de empresas y personas que fueron afectadas durante el período de confinamiento por la pandemia.
El subcoordinador del Gabinete y presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, informó ayer que “falta un punto muy importante que consensuar”, pero que la mayoría de puntos en discusión ya fueron consensuados.
Al lograr un acuerdo, ambos sectores esperan que sea revisado el polémico proyecto de ley denominado Plan Financiero de Rescate Solidario, enviado días atrás por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
“La ley la presenta el Ejecutivo y son parte del equipo de negociación. El Legislativo responsablemente ha dado el espacio para discutir y lograr consensos, tal y como comunicó el día que recibió la propuesta que lo haría”, manifestó Cerrato.
Por su parte, el coordinador del Gabinete de Reactivación, Carlos Madero, indicó que van bien con los paquetes de medidas dirigidas a la reactivación de las empresas y las ayudas sociales para los ciudadanos.
Polémica
El plan de rescate genera esperanza para el sector productivo, pero polémica por la forma en que se busca regular el sistema.Empresarios, afiliados al Cohep, y economistas han explicado que imponer regulaciones puede crear inestabilidad en el sistema financiero, debido a que el dinero que manejan los bancos es de todos los ahorrantes.
Al aprobar las reformas tal como está redactado el anteproyecto de ley se les prohibiría a los bancos o financieras la capitalización de intereses de los pagos no realizados desde marzo 2020 a diciembre de 2021.
También se prohibiría, por el mismo período, la aplicación de cargos moratorios, cargos por servicios o cualquier otro costo adicional a la tasa de interés, incluyendo tarjetas de crédito.
Asimismo, establece tasas de interés máximas para tarjetas y préstamos.
En ese sentido, han instado a que sea el BCH y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) las entidades que determinen las medidas más adecuadas.
