San Pedro Sula, Honduras
Gilberto Ríos, director del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), afirmó que "el Fondo (Departamental) es legal, está en la Constitución" (desde el minuto 11:25 del siguiente video).
Sin embargo, la afirmación es engañosa. Aunque el Fondo Social Departamental está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no está contenido en la Constitución de la República, como asegura Ríos.
Actualmente, este mecanismo se encuentra vigente a través del artículo 81-A de la Ley Orgánica, el cual ordena la creación de una ley especial para regular todos los aspectos del fondo.
La Constitución de la República permite la entrega de subvenciones, pero solo si se establece mediante una ley. Es decir, para que los fondos entregados a diputados sean legales, debe existir una normativa específica que regule su funcionamiento.
Ríos mantuvo su postura en conversación con LA PRENSA Verifica, pese a lo dispuesto en la ley y la Constitución.
Fondo y su respaldo legal
El Fondo Social Departamental permite a los diputados gestionar recursos públicos para ejecutar proyectos de carácter social en sus comunidades.
Fue creado mediante el decreto 156-2018, que reformó el artículo 81 de la Ley Orgánica e introdujo el artículo 81-A, el cual establece:
“Créase el Fondo Social Departamental como un programa permanente de proyecto social de los diputados en todas las comunidades, destinado a la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que impacten positivamente en las comunidades.”
El artículo también indica que “Una ley especial aprobada por mayoría simple regulará todo lo relacionado a este Fondo.”
Esa ley especial se aprobó hasta el 18 de octubre de 2019, con el decreto 116-2019, el cual estableció un marco legal para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de los fondos destinados a obras sociales y comunitarias.
No obstante, dicha ley fue derogada el 2 de agosto de 2023, lo que dejó sin normativa específica al mecanismo, aunque el artículo 81-A aún está vigente.
Además, los recursos provienen de la Ley de Presupuesto General de la República, la cual es aprobada anualmente por el Congreso Nacional.
La legalidad, según expertos
El abogado Germán Licona explicó que la legalidad del Fondo depende de la existencia de una ley que regule su asignación y uso. Lo expresó así:
“Si hay una creación de una ley en la cual se involucre el financiamiento a ciertas actividades económicas, esa ley tiene que asignar y liquidar esos recursos.”
Por su parte, el abogado Leonel Núñez aclaró que el Fondo fue eliminado en 2018 y que, en 2023, se creó el Fondo Social, pero las subvenciones son una figura diferente, separada del Fondo Departamental.
El artículo 205, numeral 37 de la Constitución establece que el otorgamiento de subsidios o subvenciones solo será legal: “mediante una ley que establezca los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social.”
Esto refuerza que, aunque el Fondo está mencionado en la Ley Orgánica, requiere obligatoriamente una ley adicional para ser legalmente ejecutado.
La afirmación de Gilberto Ríos de que el Fondo Departamental es legal por estar en la Constitución es imprecisa y engañosa. La normativa vigente lo respalda a nivel legislativo, pero su ejecución carece de validez sin una ley especial, tal como lo exige la misma Ley Orgánica y la Constitución en su artículo 205, numeral 37.
