San Pedro Sula, Honduras
La crisis de los combustibles en Honduras también expuso otra cosa: cómo los políticos mienten con números.
Unos inflan subsidios. Otros alteran rankings regionales. Otros maquillan impuestos o borran del relato el impacto de guerras que sí golpearon el precio internacional del petróleo.
El resultado es un debate público contaminado por cifras a medias, comparaciones mal hechas y frases diseñadas para dañar o blindar políticamente, no para explicar qué pasa.
Seis verificaciones de LA PRENSA Verifica sobre declaraciones de Rixi Moncada, Jack Uriarte, Christian Duarte, Tomás Zambrano y Erick Tejada muestran un patrón nítido. No todos dicen lo mismo, pero todos retuercen algún dato clave.
A veces agrandan. A veces minimizan. A veces convierten un récord nacional en un ranking regional falso. A veces sustituyen una cifra oficial por una aproximación más útil para su discurso.
En todos los casos, el problema es el mismo: usan datos reales de forma engañosa para empujar una narrativa política.
Impuestos y subsidios: la política también manipula los decimales
Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), afirmó que por cada galón el gobierno recibe 26.47 lempiras por la gasolina súper, 22.02 por la regular y 11.84 por el diésel.
Los datos oficiales de abril de 2026 no dicen eso. La carga tributaria vigente era de 26.36 lempiras para la súper, 21.93 para la regular y 11.83 para el diésel.
La diferencia luce pequeña, pero no es inocua. En un producto de consumo masivo, un error de centavos por galón se vuelve un error mayor cuando se multiplica por millones de ventas.
Además, la afirmación de Moncada refuerza una idea política potente: que el gobierno obtiene una porción alta y claramente cuantificable de cada compra. Esa idea merece exactitud plena, no aproximaciones.
La economista Liliana Castillo aportó una clave que la política suele omitir: “Los impuestos a los combustibles en Honduras son de los más altos en la región y están expresados en dólares”.
Y añadió: “Los consumidores pagamos el impuesto más el porcentaje de la devaluación de la moneda, lo cual debería modificarse y expresarse directamente en lempiras”.
Es decir, no solo importa cuánto se cobra, sino cómo está estructurado ese cobro.
Christian Duarte, exsecretario de Finanzas, operó en otra dirección. Afirmó que los subsidios a energía y combustibles sumaron 50,000 millones de lempiras en cuatro años.
Los informes del Banco Central de Honduras y la Secretaría de Finanzas reportan 46,119.3 millones entre 2022 y 2025. La cifra real es alta, pero no es la que dijo. La brecha supera los 3,800 millones de lempiras.
Erick Tejada, exsecretario de Energía y exgerente general de la ENEE, también usó una cifra inexacta al asegurar que la rebaja al impuesto de combustibles representó un sacrificio fiscal de 22,000 millones de lempiras.
La Administración Aduanera de Honduras reporta 25,975.38 millones entre 2022 y 2025. En este caso, el dato no agranda el costo: lo reduce. Pero la falla es igual de seria. Ni para atacar ni para defender una política pública vale reemplazar el dato oficial por uno más cómodo.
El ranking que cada quien acomoda a conveniencia
Las comparaciones regionales aparecen como otra zona de manipulación constante. Jack Uriarte, diputado suplente de la bancada del Partido Nacional, aseguró que en el gobierno de Libre Honduras tuvo “los precios de los combustibles más caros de Centroamérica a 146.57”.
El dato base existe: en julio de 2022, Honduras alcanzó un pico histórico en el precio de los combustibles. Pero la conclusión es falsa.
Al comparar con otros países de la región, Costa Rica superó a Honduras en gasolina superior, regular y diésel. Honduras quedó en segundo lugar, no en primero.
Consultado por LA PRENSA Verifica, Uriarte insistió: “Los precios más altos de combustibles los tuvo el gobierno de Xiomara Castro”.
Ahí está el salto engañoso: transformar un récord interno en una supremacía regional que los datos no sostienen.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, hizo la operación contraria. Aseguró que Honduras está en el segundo lugar de los combustibles más baratos de Centroamérica. Tampoco es cierto.
La revisión de precios oficiales al 30 de marzo de 2026 ubica a Honduras en el tercer lugar, detrás de El Salvador y Panamá.
Zambrano reafirmó su postura y sostuvo que Honduras cuenta con precios entre “$3.81 y $4.27”, pero ese rango no cambia la posición regional verificada.
Ambas declaraciones son útiles para entender cómo funciona la mentira política. Una intenta mostrar a Honduras como el peor caso de la región. La otra, como casi el mejor.
Ninguna describe con fidelidad lo que muestran los datos. El ranking deja de ser una herramienta de comparación y se convierte en un recurso de propaganda.
Borrar el contexto también es mentir
Uriarte no solo exageró el precio relativo de los combustibles. También afirmó que en 2022, “sin guerra”, estaban hasta tres veces más caros que en 2026.
Los datos oficiales muestran que no eran tres veces más caros, sino entre 1.18 y 1.29 veces más altos. Para que la frase fuera cierta, los combustibles habrían tenido que rondar los 300 o 340 lempiras por galón. No existe registro alguno de eso.
Tampoco era verdad que ese momento fuera “sin guerra”. En julio de 2022, la invasión rusa de Ucrania seguía activa y ya impactaba los mercados energéticos globales.
Borrar ese contexto permite culpar exclusivamente al gobierno de turno por una subida que también respondía a un choque internacional.
Las seis verificaciones dejan una conclusión incómoda, pero clara: en la crisis de combustibles, los políticos no solo discuten. También manipulan.
Lo hacen con decimales, montos millonarios, comparaciones regionales y contextos recortados. Por eso el fact-checking importa. Porque en medio del ruido, la primera víctima no es solo la verdad: también es la posibilidad de discutir con honestidad cuánto cuestan, quién los paga y qué tan eficaces han sido las medidas para contener los combustibles en Honduras.
