Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto “Bono Mujer” de 3,824.85 lempiras, dirigido a madres solteras, estudiantes y jefas de hogar mayores de 18 años, comenzó a circular en Honduras el 12 de febrero de 2025 por WhatsApp y Facebook.
El afiche presentaba a la presidenta Xiomara Castro junto al logo de Correos de Honduras, lo que daba apariencia de ser un anuncio oficial.
Meses después, en octubre, el fraude reapareció con una imagen distinta: una mujer flanqueada por dos menores de edad. Esta vez, el mensaje atribuía el bono a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
Más allá de estos cambios de forma, el patrón se repetía: promesas de ayuda inmediata, lenguaje empático y una aparente política pública dirigida a mujeres vulnerables, difundida por cadenas virales.
La SDE desmintió públicamente esta versión más reciente y recordó que no gestiona ningún bono mediante enlaces compartidos por redes sociales.
Para entonces, las publicaciones ya habían sido detectadas por LA PRENSA Verifica en al menos dos ocasiones anteriores (1, 2), con modificaciones menores en imágenes, montos y logos institucionales, pero siempre con el mismo objetivo: recolectar datos personales mediante engaño.
Cómo opera el fraude del “Bono Mujer”
A partir del caso detectado en febrero, LA PRENSA Verifica realizó una revisión técnica del sitio bonomujerrhonduras.org, como parte de esta investigación.
Una búsqueda en la herramienta Who.is (permite conocer información de los dominios) confirmó que el sitio web fue registrado el 12 de febrero de 2025, sin ningún vínculo con instituciones estatales.
Además, se analizó la URL con la plataforma de ciberseguridad VirusTotal, que concluyó que el sitio es malicioso, al presentar patrones típicos de páginas utilizadas para fraude y robo de datos.
Aunque el portal no es accesible al momento de esta investigación, el dominio sigue activo.
Esto significa que puede reactivarse en cualquier momento, ya sea con el mismo contenido o adaptado a una nueva narrativa, aprovechando el contexto social o político para volver a engañar a los usuarios.
Los sitios como bonomujerrhonduras.org no solo buscan datos personales. También pueden recolectar información técnica del dispositivo desde el que se accede, como ubicación, IP, red móvil y otros datos sensibles que permiten ataques más personalizados.
“Con solo dar clic al enlace, los ciberdelincuentes pueden saber desde qué operador navega el usuario, qué dispositivo usa y qué versión de software tiene”, explicó a EH Verifica Mario Pineda, experto en ciberseguridad.
Lo expuesto por Pineda se acopla a los hallazgos de esta investigación: el sitio malicioso analizado por EH Verifica replicaba un entorno legítimo, inducía al registro de cuentas y solicitaba credenciales sensibles, un patrón común en fraudes que explotan la urgencia emocional o la necesidad económica.
“Las instituciones serias nunca solicitan número de identidad, contraseñas o datos bancarios por enlaces compartidos en Facebook o WhatsApp”, advirtió el especialista.
Pineda también recomendó prestar atención a señales visibles de autenticidad, como los dominios oficiales (.gob.hn, .gov), el pie de página institucional y los enlaces verificados en redes sociales oficiales.
“Antes de hacer clic, el usuario debería buscar la página web real de la institución en Google o en sus redes, no confiar en lo que llega por cadena”, sugirió.
Vacíos legales
Si bien hay reacciones institucionales puntuales —como desmentidos y advertencias en redes sociales—, la respuesta estatal sigue siendo limitada frente a la magnitud del problema y al carácter organizado de estas campañas.
El abogado Kenneth Madrid, especialista en seguridad, advierte que las estafas digitales prosperan porque la estructura legal e investigativa del país está desactualizada.
“Los fiscales no tienen formación ni capacidad para investigar este tipo de crímenes tecnológicos”, explicó Madrid.
El Código Penal, vigente desde 2020, clasifica estos delitos como estafas tradicionales o acceso no autorizado a sistemas informáticos, sin reconocer su carácter masivo y sistemático.
“Estamos enfrentando redes de fraude digital con leyes pensadas para delitos individuales”, añadió.
Madrid señaló que mientras no se cree una unidad fiscal especializada y no se actualice el marco legal, los responsables seguirán operando desde el anonimato, sin consecuencias judiciales.
“Sin una reforma legal ni capacidad técnica, el Estado está ciego ante estos delitos”, concluyó.
El mismo patrón en la región
Lo ocurrido en Honduras no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que afecta a otros países de América Latina.
LA PRENSA Verifica constató que fraudes similares han circulado en al menos siete países: Colombia, México, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
En todos los casos, el esquema mantiene la misma lógica: se ofrece un supuesto bono o subsidio estatal, se suplanta la identidad de una institución oficial y se redirige a las víctimas a sitios que imitan páginas legítimas para recolectar información.
Por ejemplo, en Colombia, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas alertó en septiembre sobre portales falsos que ofrecían bonos de hasta 500,000 pesos (casi 3,500 lempiras).
La entidad aclaró que los subsidios solo se gestionan a través de sus canales oficiales.
De igual manera, en México, el pasado 13 de julio, la Secretaría del Bienestar alertó sobre cadenas falsas que circulaban por Facebook y WhatsApp.
En ellas se ofrecían supuestos apoyos económicos a nombre del gobierno federal.
Estos fraudes apuntan a públicos emocionalmente sensibles: desde mujeres jefas de hogar hasta personas mayores, familias con niños o incluso campañas que simulan apoyar causas sociales.
Suelen seguir una fórmula predecible, pero efectiva: suplantar instituciones, apelar a necesidades urgentes y viralizar enlaces falsos.
Aunque parezcan esquemas simples, los especialistas advierten que pueden volverse más sofisticados si no se enfrentan a tiempo.
Pese a las alertas emitidas por algunas entidades, la respuesta institucional sigue siendo débil y fragmentada. Faltan mecanismos coordinados de investigación y sanción para este tipo de delitos, tanto a nivel nacional como regional.
Sin leyes modernas ni equipos técnicos preparados, los usuarios quedan desprotegidos. En ese vacío, la desinformación y la necesidad económica continúan alimentando el fraude digital, permitiendo que estas operaciones sigan reciclándose y expandiéndose por Honduras y Latinoamérica.
