Después de estar 21 días buscando el botín que habría dejado oculto el capo Magdaleno Meza en una laguna de la aldea La Coroza de Quimistán, Santa Bárbara, el Ministerio Público y la Policía suspendieron el rastreo al no tener resultados en la exploración.
Autoridades del MP informaron que el domingo 19 de enero se retiró el personal y la maquinaria que tenía trabajando la Policía y ese ente acusador en el lugar desde el 30 de diciembre de 2024.
Las autoridades señalaron que la búsqueda seguirá en pie, aunque se concentrarán principalmente en obtener información de informantes en la laguna, ubicada en una hacienda asegurada al narco, y en otros lugares de la zona.
El botín que Magdaleno Meza habría dejado oculto en la laguna y en otras caletas en sus haciendas y propiedades en Quimistán, Macuelizo y Azacualpa, y que la Policía intenta localizar, ha sido responsable de más de 25 asesinatos y desapariciones en esos municipios.
La ola de asesinatos y desapariciones por la cruenta disputa del dinero del narcotraficante quedó al descubierto en un trabajo de investigación de Diario LA PRENSA, que partió con la cobertura de la búsqueda por parte de la Policía del botín que el victimado capo habría ocultado en la laguna de la aldea La Coroza.
Entre esos crímenes está el de Erika Julissa Bandy, esposa de Magdaleno Meza, que según las hipótesis policiales el móvil de su muerte es el reclamo de organizaciones criminales del dinero y el oro que el narco supuestamente dejó escondido. Bandy fue asesinada el 22 de junio de 2023, un año después de salir de prisión.
En los sectores donde Meza tenía sus propiedades se descubrieron, desenterraron y robaron tres caletas por trabajadores del capo y otras personas, lo que desencadenó otra ola de crímenes y desapariciones.
Uno de esos casos es el de dos trabajadores de Magdaleno que con otros seis compinches de ellos en 2020 desenterraron y se robaron una caleta con 20 millones de dólares del narco en una de sus haciendas en Macuelizo, Santa Bárbara.
Después del robo de los 20 millones, los implicados en el mismo se empezaron a matar entre ellos por la codicia de quedarse con el dinero.
Los sobrevivientes empezaron a llevar una vida de opulencia comprando lujosas casas, carros último modelo, motocicletas y dándose todo tipo de lujos tanto ellos como sus parientes.
Los que se habían quedado con el botín fueron ultimados por miembros de una organización criminal que opera en la zona y que tenían nexos con Magdaleno Meza. Desde ese momento los parientes de las víctimas empezaron a ser perseguidos por la estructura criminal que reclamaba el dinero.
Las familias de dos de la víctimas denunciaron su situación de riesgo, primero ante la Policía, pero después sus casos los manejó el Ministerio Público.
Las dos familias fueron evacuadas de la zona por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Luego de seguir el proceso establecido, que incluyó la toma de denuncias, las declaraciones de testigos protegidos como prueba anticipada, la búsqueda de refugios para las familias y el procedimiento de seguridad para su salida del país, los miembros de las dos familias fueron asilados en otros países.