Búsqueda de pruebas de actos de corrupción en alcaldías, capturas por extorsión, asesinatos, rescate de menores en vulnerabilidad y acusaciones en los juzgados son parte de las acciones de la operación Júpiter III que emprendió ayer el Ministerio Público e instituciones policiales.
En total capturaron a 447 personas, hicieron 14 secuestros de documentos e interpusieron 628 requerimientos fiscales. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se desplazó a las municipalidades de Santa Cruz de Yojoa, en Cortés; Tela en Atlántida y Santa Rita, Copán, en donde investigan casos de corrupción, por lo que decomisaron documentos.
En Santa Cruz de Yojoa, los fiscales investigan el cobro ilegal por el uso de las aguas subterráneas e investigan delitos de fraude, cobros ilegales y violación a los deberes de los funcionarios.
A las autoridades de Tela las investigan porque supuestamente aplican los cobros de Seguro Social a los empleados y no son trasladados a esa institución.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal además decomisó documentos sobre proyectos de mitigación ejecutados por Copeco en 2010-2015 en Santa Bárbara, Choluteca y Ocotepeque.
El Ministerio Público informó que con la declaración del comisionado de la Copeco, Carlos Antonio Cordero, continúan con el proceso de investigación del hospital móvil instalado en Villanueva. Se le tomó declaración a representante de la empresa, con sede en Oregon, Estados Unidos, encargada de la venta del hospital móvil. En este proceso de investigación que se inició en abril tras denuncias, también ayer rindió su testimonio un biomédico, con lo que se busca establecer el precio del hospital móvil, si los aparatos instalados tienen su valor real, sin son nuevos, usados, si el precio se ajusta a sus condiciones y si están aptos para hacerle frente en la atención de la pandemia del covid-19. Los agentes también verificaron el cumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad en diferentes negocios.
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Una operación simultánea fue ejecutada en La Planeta y La Lima, Cortés, donde se detuvo a tres supuestos miembros de la Pandilla 18, entre los que resalta José Ramón Tovar Ayala, alias El Little Bat/Chino Fresa.
Las autoridades informaron que Tovar Ayala es considerado un cabecilla nor-occidental de la Pandilla 18. En los últimos meses este individuo sería el quinto detenido por la Fuerza Antimaras en este sector del país, quien había sido asignado como cabecilla en la zona norte y occidente de Honduras, además de ser el encargado de la extorsión y el sicariato.
Actualmente se desempeñaba como cabecilla en el sector de la Planeta, La Lima, y coordinaba programas de extorsión, venta y distribución de drogas y robo de vehículos.
Fue detenido el 5 de junio de 2014 por la Policía Nacional en Chamelecón por el delito de asociación ilícita, tráfico de drogas, y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido.
También fue capturado Denis Fabricio Cáceres Fuentes, quien tendría 15 años de ostentar el puesto de 'hommie', segundo al mando y encargado de sector después de José Ramón Tovar en La Planeta y La Lima.
Fue detenido el 10 noviembre de 2016 por la Policía Nacional en el barrio Echeverría, Santa Rita, Yoro, por tráfico de drogas, uso indebido de nombre, uniformes insignias policiales y homicidio.
El otro es José Antonio Martínez Fuentes, alias El Yito, quien aparentemente tiene tres años de pertenecer a la Pandilla 18 y es el responsable del cobro de extorsión en el sector antes mencionado.
A los sujetos antes descritos les decomisaron un vehículo con reporte de robo, radios de comunicación, dinero producto de la extorsión y teléfonos celulares.
Imagen de los presuntos integrantes de la MS presentados en la Fnamp en San Pedro Sula.
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Operación nacional
En la Operación Júpiter III participan todas las fiscalías especiales, regionales y locales, así como módulos operativos y unidades especializadas en coordinación con los cuerpos de seguridad del país.Además: Lo declaran culpable de matar a joven doctora de un disparo en la cabeza
A su vez han realizado a nivel nacional una importante cantidad de allanamientos, detenciones infragantis, capturas, acusaciones y operativos de control por una amplia gama de delitos, ya que muchos de estos se han incrementado durante el período de emergencia por COVID-19.