La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal interpondrá recurso de apelación en contra de la resolución emitida ayer martes por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la causa contra el congresista Reynaldo Ekónomo, a quien le decretó auto de formal procesamiento por el delito de fraude a título de cómplice necesario, pero le otorgó sobreseimiento definitivo por el delito de lavado de activos a título de autor.
El Ministerio Público informó que buscarán apelar el sobreseimiento por el delito de lavado de activos a favor del diputado.
Estas imputaciones promovidas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están relacionadas con una ampliación de la última línea de investigación judicializada por corrupción en el Seguro Social en el caso denominado “14 contratos”.
Por ese caso, recientemente se decretó auto de formal procesamiento a los primeros 15 acusados en un megafraude de 158,817,897 lempiras en torno a obras no ejecutadas o a medio realizar entre los años 2010 y 2013 en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules en San Pedro Sula y de Torocagua en Comayagüela.
Relacionada: “Nunca me esconderé”: reacción del diputado Reynaldo Ekónomo
El expediente hace referencia a la presunta suscripción irregular de 14 proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas y en el caso particular del parlamentario Ekonomo Fúnes, quien fungió como gerente general del Hospital Regional del Norte se le vincula a la gestión y contratación fraudulenta con la empresa OGO.
En general, los 14 contratos de obras tenían como objeto hacer mejoras en las instalaciones del Hospital Regional del Norte del Ihss y en clínicas periféricas, no obstante, según las investigaciones y diligencias efectuadas por la Fiscalía en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), estas quedaron inconclusas, con mala calidad y sobrevaloradas en un 52% de lo pagado por el Seguro Social, siendo inicialmente el monto de los contratos de 179,503,516 lempiras, pero lo desembolsado fue de 158.8 millones de lempiras, aun así, el valor sobrevalorado ascendió a 82,937,586 lempiras, de lo cual se habrían beneficiado exfuncionarios del Seguro Social.
A los imputados a los que el pasado 24 de septiembre se les dictó auto de formal procesamiento son: Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva); Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva); Mario Roberto Zelaya Rojas (exdirector del Ihss); José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente administrativo y financiero del Ihss); Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente nacional de ingeniería y mantenimiento del Ihss); Luis Alejandro Joya Fajardo (exsupervisor de obras civiles y exadministrador del Hospital Regional del Norte); Claudia Marisol Lazo Polanco (excoordinadora de la subgerencia nacional de ingeniería y mantenimiento del Ihss); Aldo José Sevilla Cerrato (exsupervisor de obras del Hospital de Especialidades del Ihss).
Asimismo, a los empresarios Óscar Guerra Ocampo (gerente general ingeniera OGO); Alex Idilio Reyes Serrano (gerente general Sotecni S de RL); Rubén Antonio Lozano Girón (gerente general de Construcciones Lozano de Honduras); Byron Eduardo Menjívar Fuentes (gerente general BM Construcciones); Francisco Javier Pineda Peña (gerente general de Constructora Joalca); Jack Jordan Bodden Álvarez (gerente general de Diser-B); Juan Carlos Maradiaga Ortiz (gerente general de Constructora JC Maradiaga).
De estos procesados, a Mario Zelaya, José Bertetty, Luis Joya, Wilmer Polanco, Óscar Guerra, Alex Reyes y Juan Carlos Maradiaga se les decretó prisión preventiva.
A los exfuncionarios se les acusó de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos, mientras que a los empresarios se les señaló de cooperadores necesarios de fraude, lavado de activos y testaferrato, por lo que en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), el 26 de agosto pasado, en el marco de la Operación Omega VIII, se procedió al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 fueron viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 sociedades mercantiles registradas su mayoría en la zona norte del país.
Otro encausado en el expediente “14 contratos” es el prófugo José Alberto Zelaya Guevara (ex subgerente nacional de suministros, materiales y compras del Ihss).
