Johan Alexander Capote, ciudadano venezolano, recuperará su libertad en Honduras luego de que un juez determinara que el proceso de entrega internacional no se ejecutó dentro del tiempo establecido por la ley.
La decisión fue emitida por un juez de extradición de primera instancia durante una audiencia extraordinaria solicitada por la defensa del extranjero, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
El caso ya había sido aprobado en todas las etapas judiciales correspondientes. Tanto el juez natural como el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían autorizado la extradición solicitada por la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, la entrega nunca se concretó.
Los delitos por los que es requerido en su país son: homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía, motivos útiles, robo agravado y agavillamiento.
De acuerdo con la explicación brindada por Silva, durante varios meses no existió coordinación efectiva entre las autoridades hondureñas y venezolanas encargadas de ejecutar el traslado del imputado, situación que terminó afectando la validez del procedimiento.
Ante ese escenario, la defensa legal de Capote pidió revisar el estado del expediente y alegó que el plazo contemplado en el Convenio de Extradición de Montevideo ya había expirado. Ese tratado internacional, suscrito por Honduras, establece un límite de dos meses para realizar la entrega una vez que la resolución queda firme.
Tras verificar que el tiempo legal había vencido sin que se efectuara la extradición, el juez resolvió ordenar la excarcelación inmediata del ciudadano venezolano.
Luego de finalizar la audiencia, Capote fue llevado nuevamente al centro penitenciario donde permanecía bajo arresto provisional, mientras sus representantes legales completaban el trámite administrativo para materializar su salida.
El portavoz judicial también precisó que la resolución únicamente aborda el tema penal y la libertad del ciudadano extranjero, por lo que cualquier determinación relacionada con su situación migratoria deberá ser definida por la Dirección Nacional de Migración y Extranjería.
