Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, Colón, continuará recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara, luego de que un juez con jurisdicción nacional dictara auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López.
La misma resolución judicial también alcanza a los acusados Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos, señalados por el Ministerio Público como parte del grupo que habría participado en la planificación del crimen.
La decisión fue emitida tras una audiencia inicial que se extendió por aproximadamente 15 horas en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, finalizando alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado.
El Ministerio Público presentó al menos 16 medios de prueba con el objetivo de sustentar la acusación por los delitos de asesinato y asociación para delinquir contra los tres imputados.
De acuerdo con el juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía constituyen indicios suficientes de la participación de los acusados en el hecho violento, señalando que desde agosto de 2024 habrían sostenido reuniones para concretar el plan criminal.
Testimonio clave del testigo protegido
Entre los elementos probatorios expuestos figura un audio de la declaración del testigo protegido identificado como CCC-2024, rendida ante un juez en abril de este año.
En su testimonio, el testigo relató que en agosto de 2024 observó a Héctor Eduardo Méndez reunido con Juan Ángel Ramos Gallegos en un bar, donde este último habría mostrado una fotografía del ambientalista Juan López.
En otra ocasión, siempre según la declaración, el testigo afirmó haber escuchado en la vivienda de Óscar Alexis Guardado Alvarenga una conversación en la que se mencionaba que Ramos Gallegos ofrecía dinero para asesinar al defensor ambiental.
Según el mismo testimonio, el entonces alcalde Adán Fúnez habría financiado el crimen con una suma de 200 mil lempiras, monto que supuestamente sería dividido entre tres personas involucradas.
La Fiscalía sostiene que este pago habría sido pactado como parte de la planificación del asesinato de Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, luego de salir de una actividad religiosa en Tocoa.
Asimismo, el testigo protegido indicó que los involucrados habrían establecido esa fecha como el día del crimen, el cual finalmente se ejecutó conforme a lo planificado, según la acusación.
Dentro de la investigación, el Ministerio Público también presentó intervenciones telefónicas y extracciones de información de dispositivos móviles, con las que busca demostrar la comunicación entre los acusados y los presuntos autores materiales.
De acuerdo con la acusación, Óscar Alexis Guardado Alvarenga habría sido el responsable de ejecutar el ataque armado contra el ambientalista, tras recibir instrucciones dentro de la estructura investigada.
En el #JuzgadoPenal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en Audiencia Inicial se decretó el Auto de Formal Procesamiento con la medida cautelar de la Prisión Preventiva contra Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y... pic.twitter.com/Vou62AOvij
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) May 16, 2026
La Fiscalía argumenta además que Guardado Alvarenga era una persona cercana a Ramos Gallegos y que habría participado en actividades ilícitas relacionadas con el caso.
Durante el desarrollo de la audiencia, los fiscales expusieron que existen comunicaciones telefónicas entre los imputados y los señalados como ejecutores materiales del crimen.
Declaraciones de la acusación privada
El abogado acusador privado de la familia del ambientalista, Eddy Tábora, confirmó que el juez dictó la medida de prisión preventiva tras la evacuación de los medios de prueba y aseguró que se permitió acreditar la participación de los acusados en la planificación del hecho.
“El Ministerio Público ha incorporado una serie de medios de prueba, tanto testificales como periciales, con los cuales se acreditaba el delito. Ha quedado acreditada claramente la participación de los señores acusados en la coordinación en la propuesta para que se cometiera este delito”, afirmó.
Sobre el alcance de la decisión, detalló que el proceso continuará en etapa judicial.
“En primer lugar, toda audiencia inicial debe concluir con un sobreseimiento o con un auto de formal procesamiento. En este caso el proceso sigue adelante y la defensa puede presentar los recursos de apelación correspondientes. Hay que recordar que el 15 de junio está convocado el juicio oral y público contra los primeros tres acusados vinculados a la ejecución directa del hecho”, explicó.
El proceso judicial continuará mientras los tres acusados permanecen en prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, a la espera de nuevas audiencias en el marco del caso.
