La entrega a su país del hondureño Fernando Josué Suárez, acusado por múltiples delitos y quien este martes fue capturado en El Salvador, no ha sido posible porque tiene asilo político otorgado por España, informó la Policía Nacional de Honduras.
Contra Suárez, acusado en su país de 85 delitos de malversación de caudales públicos, 12 de fraude y la apropiación de 15 millones de lempiras (unos 612.245 dólares), penden dos órdenes de captura, por lo que la Policía Nacional había indicado hoy que tras ser capturado en El Salvador, sería entregado a las autoridades hondureñas en el punto fronterizo de El Amatillo.
Pero a última hora, cuando era esperado en El Amatillo, las autoridades salvadoreñas indicaron que la entrega no sería posible porque desde el 12 de mayo goza de asilo político concedido por España, hacia donde estaba a punto de viajar, con escala en Panamá, cuando fue capturado en El Salvador, según la nueva versión oficial hondureña.
La continuidad del proceso ahora se hará por la vía diplomática, añade la escueta información policial hondureña.
Según la primera versión oficial, la Unidad de la Policía Internacional (INTERPOL), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fue informada por autoridades salvadoreñas sobre la detención del imputado, “cuando pretendía salir en un vuelo hacia España con escala en Panamá y así evadir a la justicia”.
“Se conoció que este individuo de 41 años, de nacionalidad hondureña y profesión abogado, residía desde hace algún tiempo en El Salvador, lugar al que se trasladó luego de cometer los múltiples delitos de los que se le acusa”, indicó la Policía Nacional.
La primera orden de captura contra Suárez fue emitida el 20 de julio de 2018 por un Juzgado de Letras Natural Designado, por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad, fraude, uso de documentos públicos falsos, prevaricato, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
La segunda orden de arresto, del 24 de noviembre de 2021, por un Juzgado de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, fue por suponerlo responsable de 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos públicos falsos.
Según el expediente, en 2005 Suárez era el apoderado legal de una fundación en Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño, “permitiéndose sustraer 15 millones de lempiras de una cuenta de la fundación, los cuales fueron transferidos a otras cuentas para pagar tarjetas de crédito, gastos personales y emisión de cheques para algunos familiares”.
Suárez es uno de los hondureños implicados en un presunto acto de corrupción que fue denunciado en 2018 y salpicó a una treintena de personas, entre ellas varios diputados del Parlamento hondureño, en un caso conocido como Pandora.
El caso fue denunciado en junio de 2018 por la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público.
Según se informó entonces, el caso, que venía siendo apoyado por la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fue denunciado por el desvío de un poco más de 282 millones de lempiras (unos 11,7 millones de dólares) que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013, que ganó Juan Orlando Hernández, del ahora opositor Partido Nacional de Honduras. EFE
