El Ministerio Público (MP) formalizó, el pasado 24 de marzo, la acusación en audiencia preliminar contra ocho miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), señalados de participar en la muerte de un civil que no se detuvo en un retén instalado en la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés.
Los procesados son Juan Carlos Mejía Paz, Selvin Albino Galdámez Castro, Juan Ramón Almendares Soto, Darlin Amaliel Cruz Lara, Henry Alexander Becklem López, Luis Fernando Guillén Gonzales, José Jazmín Sosa Sosa y Noel Enmanuel García Ávila. Todos fueron suspendidos de sus cargos por sus superiores desde el inicio del proceso judicial.
Durante la audiencia preliminar, celebrada en el Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, el Ministerio Público solicitó que la causa sea remitida al Tribunal de Sentencia para la realización de un juicio oral y público.
La tarde del hecho
La víctima es Ricardo Alberto Umaña Gómez (de 37 años), residente en la colonia San Carlos, en Choloma. Su muerte ocurrió alrededor de las 4:30 pm del domingo 19 de mayo de 2024, cuando se conducía junto a su esposa e hijo en un vehículo, tras participar en una reunión familiar.
De acuerdo con el expediente, Umaña Gómez se desplazaba en su automóvil y, al llegar a un retén militar instalado en el sector de la aldea Monterrey, específicamente en el cruce hacia Bajos de Choloma, no acató la señal de alto de los militares responsables del operativo.
Según las investigaciones, al no detenerse, uno de los militares, identificado como Juan Carlos Mejía Paz, habría disparado en varias ocasiones con su arma de reglamento contra el vehículo, provocando que uno de los proyectiles impactara en la parte posterior del cuello de la víctima.
Las diligencias indican que los mismos militares intentaron auxiliar a Umaña Gómez, lo trasladaron en la paila de una patrulla al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció minutos después.
El Ministerio Público acusa a Juan Carlos Mejía Paz del delito de homicidio, mientras que los otros siete militares enfrentan cargos por encubrimiento y omisión del deber de perseguir el delito. Todos se defienden en libertad bajo medidas sustitutivas, luego de presentarse voluntariamente ante los juzgados en enero de 2025.
Medios de prueba
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó este viernes que la Fiscalía cuenta con suficientes elementos probatorios para buscar una condena contra los imputados.
Entre las pruebas figura el testimonio de la esposa de Ricardo Alberto Umaña Gómez, quien lo acompañaba el día de los hechos. “El relato es más que suficiente en este caso, ya que identifica a los militares que participaron en el retén”, aseguró Guzmán.
Añadió que también disponen del dictamen médico forense y de las armas decomisadas. Según las pericias balísticas, una de estas habría sido utilizada para disparar el proyectil que causó la muerte de la víctima.
Guzmán indicó que, de ser hallado culpable, Juan Carlos Mejía Paz, acusado de disparar el arma y matar a Ricardo Alberto Umaña Gómez, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, mientras que los demás militares se exponen a penas que rondan desde los seis años.
