En menos de tres meses, la Policía ha sido salpicada por tres escándalos en los que 20 agentes de dos direcciones de esa institución están implicados en hechos delictivos.
Ayer, autoridades de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) capturaron a cinco miembros de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) bajo dos cargos.
Los capturados son Osmin Orellana Paz (de 30 años), Lester Nahún Uclés Andino (de 22), Dilmer Stiven Fúnez Espinoza (de 32), Andy José Pérez Zelaya (de 29) y Enrry Michael Cárcamo Molina (de 25), a quienes se les imputa los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales.
Los agentes están asignados a la División de Seguridad de Transporte Urbano, que es una dependencia de la Dipampco. La detención la ejecutaron agentes de la Unas en operativos simultáneos en San Pedro Sula y en Lepaterique, Francisco Morazán, dándole cumplimiento a una orden de captura por los referidos delitos.
Los policías supuestamente cometieron la acción delictiva en perjuicio de una testigo protegida por quien exigían la cantidad de 100,000 lempiras a cambio de su libertad.
La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 16 de abril de 2024.
El requerimiento presentado contra los agentes se desprende de un hecho ocurrido el miércoles 21 de febrero de 2024 luego de que se recibiera una denuncia de un posible secuestro registrado en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula.
Las diligencias de la Unas establecen que el modus operandi de los policías es que llamaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos y cuando los contactaban los subían a los busitos de la misma institución, los llevaban a bordo por varias calles de San Pedro Sula hasta que les pagaban el rescate.
Las indagaciones determinan que los montos que exigían por el rescate de las víctimas oscilaban entre los 100,000 y 300,000 lempiras.
De acuerdo con las averiguaciones de la Unas, las víctimas eran mujeres a las que amenazaban con abusarlas y en otros casos les decían a los ofendidos que si no pagaban les pondrían drogas para presentarles acusaciones falsas.
Escándalos
Este el tercer caso en menos de tres meses en los que agentes policiales se ven implicados en hechos delictivos. El primero se dio el 24 de enero cuando capturaron a siete miembros de la DPI a quienes la Fiscalía acusó de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio. Los siete agentes acusados por ese caso están guardando prisión.
El segundo caso ocurrió el jueves 11 de abril cuando se les inició un proceso a ocho agentes de la DPI acusados de asaltar la casa de un vendedor de carros a quien también le implantaron pruebas falsas para incriminarlo en delitos que no cometió.
A los enjuiciados por el robo en la vivienda del vendedor ayer el juez que conoce el caso les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva por cinco delitos. Los encausados están presos en el centro penal de El Progreso, Yoro.
