Los ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) acusados de asaltar la vivienda de un vendedor de carros en la colonia Montefresco solicitaron al Ministerio Público, a través de su defensa, someterse a un procedimiento abreviado, según informaron autoridades del ente acusador.
Al acogerse a esta figura legal, los imputados Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz y Denis Alfredo Estrada López aceptarían su responsabilidad en los seis delitos por los que están siendo procesados.
Los cargos que enfrentan los agentes son asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.
Una vez que el Ministerio Público admita la solicitud, el juez de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción fijará la fecha de la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual los imputados reconocerían formalmente ante el juzgador su participación en los hechos.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los agentes de la DPI, además de robarle sus pertenencias al ofendido, le habrían implantado pruebas para acusarlo de delitos que no cometió.
Las investigaciones establecen que el hecho ocurrió el 12 de enero de 2024, a las 4:40 am, cuando los policías llegaron en dos vehículos tipo pick-up sin placas hasta una vivienda en la colonia Montefresco, en San Pedro Sula.
Según el expediente, los agentes rompieron el portón, ingresaron a la vivienda y se dirigieron a la habitación del ofendido. Luego lo trasladaron a la sala, donde lo golpearon mientras registraban la casa.
Segundo caso que policías aceptan culpabilidad en robos con violencia
Durante el operativo, lo interrogaron sobre el paradero de dinero, drogas, armas y bienes de valor. También le sustrajeron dos teléfonos iPhone, un Apple Watch, un arma de fuego, su cartera con documentos personales y dinero en efectivo, e intentaron desactivar el sistema de cámaras de seguridad.
La víctima fue retenida ilegalmente durante más de tres horas y trasladada a distintos lugares en la ciudad. Los policías le exigieron L350,000 para liberarlo. Al no contar con la suma, le implantaron bolsas con supuesta droga en su mochila.
Posteriormente, fue llevado a las instalaciones de la DPI, donde, según el testimonio, lo amenazaron con matarlo. Allí los agentes elaboraron informes falsos para vincularlo con una estructura criminal. Le colocaron como evidencia cocaína, marihuana y un arma automática tipo UZI.
Finalmente, lo amenazaron con remitirlo al Ministerio Público si no entregaba el dinero exigido. Una vez presentado ante las autoridades, el comerciante fue liberado tras demostrarse que su detención fue ilegal y que las pruebas en su contra habían sido implantadas.
Este sería el segundo caso conocido en el que agentes de la DPI aceptan su culpabilidad por robo e implantación de pruebas. El primero involucró a otros seis policías acusados de sustraer L14 millones a un prestamista en su vivienda en la colonia Los Álamos, a quien también le colocaron evidencia falsa.
Los seis policías se presentaron el 22 de mayo de 2025 al juzgado de letras penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción y reconocieron ante la jueza su participación en los hechos delictivos que les imputaron.
El robo en casa del prestamista ocurrió el 29 de diciembre de 2023 y los agentes fueron capturados el 26 de enero de 2024.
