Tras la publicación de LA PRENSA que el proceso contra ocho policías acusados de robo a un vendedor de carros estaba paralizado hace seis meses, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dio trámite al expediente y resolvió que los imputados deben seguir presos.
El Ministerio Público emitió un comunicado el martes en el que informa que ese tribunal de alzada declaró no ha lugar los recursos presentados por la defensa de los encausados y ratificó el auto de formal procesamiento con detención judicial logrado por ese ente acusador contra los ocho agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de implantar pruebas al ofendido y de robarle sus pertenencias en su casa.
Los imputados son: Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López.
Los ocho policías enfrentan los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.
De acuerdo a las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el hecho ocurrió el 12 de enero de 2024, a las 4:40 am. Los acusados llegaron en dos vehículos tipo pick-up sin placas hasta una vivienda en la colonia Montefresco de San Pedro Sula.
De forma violenta, según el expediente, rompieron el portón, ingresaron y se dirigieron a la habitación del ofendido, a quien llevaron a la sala para golpearlo mientras registraban la casa.
Tras agredirlo, lo interrogaron sobre el paradero del dinero, drogas, armas y bienes de valor. También le robaron dos iPhone, un Apple Watch, un arma de fuego, su cartera con documentos personales y dinero. Además, intentaron boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.
Le exigían L350,000 al comerciante a cambio de liberarlo
Durante más de tres horas lo retuvieron ilegalmente, llevándolo a distintos lugares en San Pedro Sula.
Los policías le exigieron 350,000 lempiras para liberarlo, pero al no tener el dinero, le implantaron bolsas de droga en su mochila. Finalmente, lo llevaron a las instalaciones de la DPI, donde lo amenazaron con matarlo.
En la DPI, presentaron informes falsos para acusarlo como miembro de una estructura criminal. Le implantaron cocaína, marihuana y un arma de fuego automática (tipo UZI) como evidencia.
Además, lo amenazaron con remitirlo al Ministerio Público si no pagaba el dinero solicitado. Al ser remitido al Ministerio Público, el comerciante de carros fue puesto en libertad al demostrar que su detención fue ilegal y que le habían implantado las pruebas para achacarle delitos que no había cometido.
La Prensa publicó en exclusiva el 20 de noviembre que el proceso que se le sigue a los ocho agentes de la DPI acusados de asaltar la casa del vendedor de carros estaba paralizado hace seis meses en la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
El 17 de abril de este año el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a los ocho agentes por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.
Luego de que dejaran presos a los agentes, su defensa presentó un recurso de apelación por no estar de acuerdo con la resolución del juez que tiene a cargo el caso y desde hace seis meses el expediente estaba en poder de ese tribunal de alzada.
El martes 26 de noviembre el Ministerio Público informó que la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción declaró no ha lugar los recursos presentados por la defensa de los encausados y ratificó el auto de formal procesamiento con detención judicial logrado por ese ente acusador contra los ocho agentes de investigación.
