Una estela de 25 asesinatos, desapariciones, asilados y cementerios clandestinos ha dejado la disputa por el botín del asesinado capo Magdaleno Meza en Santa Bárbara.
La violencia desatada por la fortuna de Meza se ha concentrado especialmente en los municipios de Azacualpa, Macuelizo y Quimistán, donde el narcotraficante, asesinado en la cárcel de El Pozo en octubre de 2019, dejó ocultas varias caletas en sus haciendas y fincas ubicadas en esos sectores.
La ola de asesinatos y desapariciones generada por la cruenta disputa del dinero del narcotraficante quedó al descubierto en un trabajo de investigación de Diario LA PRENSA, basado en la búsqueda policial de un botín que supuestamente Magdaleno Meza ocultó en una laguna en una de sus haciendas en la aldea La Coroza, Quimistán, Santa Bárbara.
Entre esos crímenes se encuentra el de Erika Julissa Bandy, esposa de Magdaleno Meza. Según hipótesis policiales, el móvil de su muerte fue el reclamo de organizaciones criminales por el dinero y el oro que supuestamente forman parte del botín en la laguna. Bandy fue asesinada el 22 de junio de 2023, un año después de salir de prisión.
En las propiedades de Meza también se han reportado hallazgos, desentierros y robos en tres caletas, realizados por trabajadores del capo junto a otras personas, lo que desencadenó otra ola de crímenes y desapariciones.
Uno de estos casos ocurrió en 2020, cuando dos trabajadores de Meza, junto a seis cómplices, desenterraron y se apropiaron de una caleta con 20 millones de dólares en una de las haciendas en Macuelizo, Santa Bárbara.
Tras el robo, los involucrados comenzaron a matarse entre ellos por la codicia de quedarse con el botín.
Los sobrevivientes llevaron una vida de opulencia, comprando lujosas casas, carros último modelo, motocicletas y dándose todo tipo de lujos ellos y sus familiares. Sin embargo, quienes conservaron el botín fueron asesinados por miembros de una organización criminal que operaba en la zona y que tenía nexos con Magdaleno Meza.
Desde entonces, los parientes de las víctimas fueron perseguidos por la estructura criminal que reclamaba el botín. Dos familias de las víctimas denunciaron su situación de riesgo inicialmente ante la Policía.
Posteriormente, sus casos fueron gestionados por el Ministerio Público. Ambas familias fueron evacuadas de la zona por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Luego de seguir los procedimientos establecidos, como tomar las denuncias, las declaraciones de testigos protegidos, la búsqueda de refugios y la implementación de mecanismos de seguridad, las familias fueron trasladadas a otros países bajo la figura de asilo.
