Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, anunció este martes que se entregará al Ministerio Público para "efectos de investigación" pese a que no existe ningún requerimiento fiscal en su contra en relación con la investigación de presunta corrupción en la Municipalidad.
“Las personas que guardan prisión son inocentes; antes que continúen con esta persecución, he decidido sin consultar con mi abogado, entregarme el martes al MP, sin abogados, sin pompas, sin nada", dijo el edil.
Contreras, en declaraciones a HCH, expresó que “muerto el perro, se acaba la rabia, entonces, reto al fiscal a que presente las pruebas, ya que él tiene una investigación grande respecto a esto".
"Si mis empleados son culpables, yo también soy culpable porque allí están mis firmas. Yo no voy a demostrar mi inocencia, yo quiero que ellos demuestren mi culpabilidad", añadió el alcalde de la Capital Industrial.
Puntualizó que su entrega al MP es con el objetivo de que dejen en libertad a funcionarios que fueron enviados a prisión por presuntos delitos de fraude en perjuicio de la Alcaldía de San Pedro Sula.
Roberto Contreras señaló directamente a la familia Moncada y Zelaya por la persecución en su contra.
Prisión preventiva para acusados
Ayer, lunes, las autoridades judiciales dictaron auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra diez acusados de supuesta participación en el fraude de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.
Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos: violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.
Mientras que Olga Estela Ávila, Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales por el delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela también está acusada de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.
¿Quiénes están prófugos y cuáles son las penas por los delitos imputados?
Están prófugos por este caso: Steve Adolfo Fajardo Vargas, Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán y Luis Saa. En el caso del delito de violación de los deberes de los funcionarios es un delito de orden excarcelable y la pena mínima es de tres años.
En el fraude continuado se tiene que verificar la participación de cada uno de ellos y es un delito considerado grave. La pena puede ser entre 9 y 12 años más la multa que se le aplicará por el monto defraudado.
En el caso de los delitos de tráfico de influencias cometido por particulares y lavado de activos por los que se le acusan a Steve Fajardo pueden ser de 15 a 20 años como mínimo.
Entre los elementos de prueba con los que la Fiscalía fundamenta la imputación están: padrones fotográficos, actas de recomendación, 33 contratos suscritos con la empresa Hercord, documentos que acreditan los procesos de contratación directa y las copias de órdenes de pago realizadas.
