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La escena es cotidiana, microbuses zigzagueando entre vehículos, frenazos bruscos, pasajeros colgados de puertas abiertas y ayudantes gritando destinos. Lo que debería ser una solución de movilidad se ha convertido en un riesgo mortal para miles de usuarios.
Los famosos “buses rapiditos”, autorizados hace casi tres décadas como una salida provisional, hoy representan un peligro latente en las calles de San Pedro Sula.
Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), alrededor de 4,000 accidentes de tránsito se han registrado este año en San Pedro Sula, la mayoría protagonizados por motocicletas y unidades del transporte público, especialmente microbuses conocidos como “rapiditos”.
Carlos González, jefe regional de la DNVT, informó que muchos conductores circulan sin licencia válida, con permisos vencidos o sin pasar por controles médicos y psicológicos exigidos por ley.
“La mayoría de infracciones que cometen los rapiditos están relacionadas con rebasar en zonas no permitidas, no portar licencia o hacer maniobras temerarias. Aplicamos entre 150 y 300 sanciones diarias, de las cuales unas 50 corresponden a estos conductores”, aseguró González.
Las sanciones oscilan entre 400 y 600 lempiras, montos que para muchos transportistas resultan irrisorios. “La ley en su momento exigía multas de medio salario mínimo, pero se flexibilizó tras presiones del gremio”, agregó el jefe policial.
Según datos preliminares, en San Pedro Sula se concentra la mayor cantidad de incidentes viales del país, en su mayoría provocados por imprudencia, exceso de velocidad y falta de respeto a las normas de tránsito.
La ciudad cuenta con más de 1,600 unidades activas de transporte público, de las cuales más de 1,000 son rapiditos, muchos de ellos en condiciones técnicas deplorables. Se estima que más del 40% de los habitantes de la capital industrial dependen de este tipo de servicio para movilizarse a diario, lo que profundiza aún más la crisis de movilidad urbana.
“Los rapiditos hoy recorren las mismas rutas que los buses grandes, pero sin orden, sin paradas fijas y sin control de las autoridades. Basta con que una persona levante la mano para que se detengan donde sea”, explica el sampedrano Roger Molina.
El pasado domingo, ocurrió una nueva tragedia en el sector de la colonia Lempira, la imprudencia de un conductor provocó un accidente fatal en donde dos jóvenes pasajeros murieron y otros seis resultaron gravemente heridos. El conductor, según testigos, huyó del lugar y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Historias como esta son frecuentes. Para muchos pasajeros, abordar un rapidito es un acto de fe. “Se creen dueños de la calle, muchos viajan drogados, ponen música a todo volumen y son agresivos si uno les reclama. Conducen como si fuera una competencia”, afirma Mariela Pineda, una cocinera que a diario viaja desde Cofradía a San Pedro Sula.
La sobreexplotación de las unidades es evidente. Microbuses diseñados para 12 pasajeros son readaptados para cargar hasta 20 personas. En muchos casos, se alteran los asientos traseros, se agregan asientos móviles o se obliga a los pasajeros a compartir espacio donde no lo hay, la seguridad y la comodidad son conceptos inexistentes.
Una historia sin final desde 1998
Los rapiditos surgieron como solución temporal en 1998, tras una huelga del transporte urbano. La propuesta era ofrecer rutas directas desde el centro hacia las colonias, sin escalas. Pero 27 años después, el servicio es un desorden: paradas ilegales, unidades deterioradas y choferes sin formación adecuada.
Testimonios revelan prácticas irregulares en la emisión de certificados y licencias. Se denuncian exámenes médicos falsificados, clínicas que cobran por formularios ya llenos, y choferes que obtienen permisos sin cumplir los requisitos básicos.
“Algunos solo deben pagar 750 lempiras y ya tienen su permiso. Ni siquiera hacen las pruebas. Así cualquiera se sube a manejar un bus lleno de gente”, denunció un transportista que prefirió el anonimato.
Incluso, algunos empresarios del transporte reconocen que "contratan al menos peor", debido a la falta de conductores calificados. La inseguridad también ha forzado a muchos trabajadores a abandonar el país, dejando el volante en manos inexpertas.
Alfredo Cerros, delegado regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la zona norte, informó que actualmente hay más de 1,600 autobuses registrados en San Pedro Sula. Sin embargo, en las inspecciones diarias solo se observa la circulación de entre 800 y 1,000 unidades activas.
Nelson Fernández, dirigente del transporte público, culpa en parte al Estado por otorgar permisos sin estudios técnicos ni sociales. “Por política le dan certificados a cualquiera, familiares y amigos. Luego vienen los pleitos por rutas y ahí es donde empiezan los accidentes. Por eso queremos lanzar el proyecto Metro Sula, para centralizar el sistema y evitar esta competencia salvaje”, explicó.
Aunque desde el gobierno se habla de una nueva Ley de Tránsito, la propuesta aún está en construcción. La ley actual tiene más de 20 años y no contempla nuevas realidades como el aumento del parque vehicular, la modernización de sistemas de control ni la conducción temeraria como delito claramente tipificado.
La ausencia de seguros también deja desprotegidos a pasajeros y víctimas. En caso de accidentes, los costos recaen sobre las familias, mientras los responsables suelen evadir la justicia.
“La autoridad debería exigir seguros obligatorios para cubrir gastos médicos y mortuorios. Pero no lo hacen, y las aseguradoras también hacen negocio”, denunció el transportista.
Los “buses rapiditos” son el reflejo de un sistema desarticulado, donde convergen la negligencia estatal, la corrupción administrativa, la falta de educación vial y la crisis social. La población sigue abordando estas unidades por necesidad, aun sabiendo que están poniendo en juego sus vidas.
