El acceso a una vivienda en la Capital Industrial sigue siendo difícil. Más de 400,000 soluciones habitacionales hacen falta en las zonas metropolitanas del valle de Sula para que cada familia pueda ser dueña de su propia casa.
El problema fundamental está en las residencias de tipo popular o de bajo costo, pues es en donde a criterio del gremio de los constructores, el sector cuenta con menos incentivos para ofertar.
Juan Santos, ingeniero civil y presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), dijo que la situación es preocupante, al punto que en la actualidad no hay ningún proyectos de vivienda social en ejecución, en parte debido a los altos costos en las tierras y materiales de construcción.
En el sector noroeste la vara de tierra puede estar entre los 250 y 400 dólares (L10,000) y en el cuadrante noreste 200 dólares (L5,000). “Los proyectos de vivienda que se están desarrollando o que están por desarrollarse, están orientados a la clase media alta, pero clase media baja y baja, no hay proyectos, hay dificultades”, enfatizó Santos.
Explicó que aunque el Gobierno tiene un proyecto de vivienda social en alianza con el sector privado, los altos costo de la tierra lotificada hacen que no se puedan desarrollar obras de vivienda social dentro de las grandes ciudades.
Detalló que el precio establecido por el Gobierno por una unidad habitacional social es de L1.3 millones, lastimosamente en urbes como San Pedro Sula el elevado costo de los terrenos no permite ofertarlas en este precio.
Para ejemplificar, una casa de 80 metros cuadrados para una familia de clase media o baja, construida en un lote de 380 varas, le cuesta a la empresa constructora L2.5 millones, más de un millón de los establecido por la ley.
Efectos de la problemática
Alberto Benítez, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, capítulo noroccidental, concordó en que la construcción de edificios de condominios verticales son una alternativa a los altos costos de la tierra, pero no están atendiendo la necesidad de vivienda social y esto tiene como efecto el rápido crecimiento de los asentamientos irregulares, que a la fecha suman 25 y que son el hogar de un promedio de 40,000 familias, principalmente en los 16 bordos de los ríos que cruzan la ciudad.
A consideración del economista, la municipalidad debe diseñar y desarrollar un programa multianual con un horizonte temporal de al menos 12 años, para atender con éxito la necesidad de vivienda social que incluya vivienda nueva vertical, con soluciones innovadoras y replicables, como estrategia para el reordenamiento del espacio y el reasentamiento interno de las familias pero también reparaciones y ampliaciones; incorporando el empoderamiento y los medios de vida de los vecindario.
Esta programa además de logra dinamizar la economía local, generaría al menos 120,000 empleos durante sus fases de construcción y a su vez atendería un problema social creciente que no ha sido atendido con decisión política.
Benítez agregó que la alcaldía debe jugar un rol estratégico destinando al menos el 5% de su presupuesto para la adquisición de tierras y obras de urbanización, además de hacer converger a las instituciones públicas para una exitosa política de planificación urbana, en la que la vivienda social sea un elemento clave para un desarrollo sostenible de la ciudad.
