Mientras se realizaban plantones y protestas en las afueras de la Municipalidad de San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras, diputados liberales por Cortés, empleados y funcionarios se reunían en el salón consistorial para abordar el mismo tema: El Merendón y el peligro que lo acecha.
Afuera, los manifestantes recogían firmas y portaban pancartas con mensajes como: “Si destruye a la naturaleza no es desarrollo, es ecocidio” y “El Merendón no es negociable”.
Posteriormente, otros grupos se unieron para expresar su respaldo a la montaña y estampar sus firmas en los listados habilitados para respaldar su protección.
“Somos ciudadanos que venimos a protestar a favor de la montaña, porque El Merendón no se vende”, expresaron algunos de los manifestantes, quienes aclararon no pertenecer a ningún grupo político.
Mientras tanto, en el salón consistorial de la municipalidad, el alcalde Roberto Contreras presidía una reunión en la que participaban diputados de Cortés, miembros de la corporación municipal, empleados, funcionarios y representantes de distintos sectores.
Según la oficina de comunicaciones municipal, el alcalde permitió el ingreso libre a la reunión; sin embargo, no todas las personas lograron entrar.
El encuentro fue encabezado por Roberto Contreras tras los múltiples reclamos surgidos por el silencio mantenido luego de la publicación del aviso en el que se anunciaba la recategorización de la reserva como parque nacional.
Dentro de la alcaldía, uno de los gritos más repetidos fue “pollo, pollo”. Durante la reunión se presentó un video sobre los trabajos que se realizan en la montaña, entre ellos jornadas de reforestación y proyectos sociales y educativos.
Posteriormente, Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos del Merendón, tomó la palabra y expresó que “una cosa es trabajar detrás de oficinas, teléfonos y computadoras, pero más allá están las comunidades que trabajan de la mano para proteger la montaña”.
La dirigente reiteró el compromiso de las comunidades con el cuidado de los recursos naturales y lamentó que no hayan sido tomadas en cuenta en las decisiones relacionadas con El Merendón.
La reunión concluyó con la decisión de establecer una mesa de trabajo junto con el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), los 20 diputados de la zona norte y representantes del Merendón.
Según el alcalde, se comenzará a redefinir la situación y aseguró a los sampedranos que el abastecimiento de agua está garantizado “para 100 años más”. Además, invitó a la población a participar en jornadas de reforestación en El Merendón.
También se anunció que la Asociación de Patronatos del Merendón y la Organización para el Desarrollo del Noroeste preparan oposiciones para solicitar al ICF la derogación del Acuerdo Institucional 092-2025, emitido en octubre de 2025.
El acuerdo propone redefinir los límites de la Zona de Reserva del Merendón (ZRM), ubicada dentro de la jurisdicción de San Pedro Sula; derogar el Decreto 46-90, conocido como Ley de Protección del Merendón; y categorizar la zona de reserva como parque nacional, lo que, según sectores ambientalistas, permitiría ampliar calles y construir viviendas e infraestructura dentro del área protegida.
Diversos ambientalistas y organizaciones han promovido campañas de recolección de firmas a través de plataformas digitales. Sin embargo, los patronatos que representan a las comunidades de la montaña hicieron un llamado a la participación directa.
“El Merendón no se defiende en redes sociales, sino participando activamente en la reforestación, apagando incendios cuando los hay y denunciando construcciones que impliquen tala masiva de árboles”, señalaron representantes comunitarios.
Para la próxima semana se esperan nuevas oposiciones, ya que varias organizaciones han solicitado información sobre el procedimiento legal a seguir, explicó Armando Ramírez Mejía, director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Con el objetivo de informar a la población sobre la situación de la montaña, la ambientalista Diana Betancour explicó que el Acuerdo Institucional 092-2025 es la base para la creación de un nuevo decreto ley.
De conformidad con la normativa vigente, el ICF realizó publicaciones para que las personas que se consideren afectadas por la propuesta presenten por escrito sus argumentos, junto con documentación y fundamentos legales, en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la última publicación realizada el 16 de abril de 2026.
La ingeniera y ambientalista advirtió que queda menos de un mes para presentar los escritos de oposición.
A juicio de Diana Betancour, quien impulsa una campaña informativa sobre el tema, la iniciativa representa un riesgo para San Pedro Sula, ya que el Decreto 46-90 es una ley especial vigente desde 1990 y fue creada para proteger las áreas productoras de agua y las zonas de reserva del municipio bajo responsabilidad de la alcaldía sampedrana.
“Es imperativo que los diversos sectores del municipio, del Valle de Sula y del país presenten un pronunciamiento en contra de esta iniciativa”, recomendó la ingeniera.
