La Comisión de Acción Social Menonita (CASM) pidió al Gobierno declarar una emergencia migratoria ante la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y el posible aumento de compatriotas deportados desde Estados Unidos.
El llamado fue realizado este lunes durante una conferencia de prensa, donde la organización advirtió que el país necesita prepararse desde ahora para atender a quienes regresen y generar condiciones para su reintegración. Más de 70,000 hondureños estaban amparados bajo este estatus, sin contar a sus familiares.
César Ramos, coordinador de Gestión de Incidencia de CASM, señaló que la declaratoria permitiría al Estado responder de manera rápida y coordinada ante un eventual incremento de las deportaciones, con acciones de asistencia humanitaria y programas que faciliten la reintegración social de los retornados.
Según el CASM, más de 45,000 hondureños han retornado de enero al 12 de agosto. A estos se sumarían alrededor de 24,000 personas que han regresado de forma voluntaria por sus propios medios, de acuerdo con el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
Con ambos grupos, Ramos estimó que la cantidad de retornados durante este año se acerca a 70,000 personas. Sin embargo, la organización considera que el flujo podría duplicarse al cierre del año, luego de que se anunciara la cancelación definitiva del TPS.
Para CASM, el impacto no se limitará al retorno de quienes pierdan el beneficio migratorio. Ramos explicó que muchos tepesianos tienen hijos nacidos en Estados Unidos y familias establecidas en ese país, por lo que la medida podría provocar separaciones familiares.
A ello se suma el impacto económico. Ramos dijo que los hondureños acogidos al TPS generan más de $300 millones anuales en remesas, recursos de los que dependen numerosas familias, por lo que la medida tendrá efectos directos en el consumo y la economía de muchos hogares.
La organización también cuestionó las condiciones que encontrarían los migrantes al regresar. Entre los principales desafíos mencionó la falta de empleo, la inseguridad, la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y las limitaciones en el acceso a servicios como salud, educación y vivienda, factores que, a su criterio, dificultan una reintegración estable.
Ante este escenario, CASM pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores instruir a los consulados hondureños en Estados Unidos para que brinden asistencia jurídica y humanitaria a los afectados por el fin del TPS, incluyendo orientación sobre posibles alternativas para regularizar su situación migratoria y acompañamiento durante los procesos de deportación.
Asimismo, solicitó convocar de inmediato al Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante y su Familia (Conapromh) para definir una estrategia nacional de atención a retornados. La propuesta incluye también involucrar a las alcaldías, organizaciones de sociedad civil y organismos de cooperación internacional para ampliar la capacidad de respuesta en los municipios.
Ramos insistió en que la respuesta no debe limitarse a medidas temporales de asistencia. “No queremos parche, no queremos maquillaje”, expresó al señalar que, además de atender la emergencia inmediata, el país necesita enfrentar las causas estructurales que continúan impulsando la migración y crear condiciones para que quienes regresen puedan reconstruir su vida en Honduras.
