Mascarillas, trajes de bioseguridad y otros insumos son algunas de los materiales que la sociedad Electro Andina, S. de R.L. vendió a la municipalidad y no se pagaron porque no había respaldo aseguran las autoridades municipales.
La municipalidad efectuó algunos pagos a la sociedad y luego dejaron de pagar pues por no encontraron sustento legal para efectuar un pago por L14 millones de lempiras.
A raíz de esa deuda la sociedad interpuso un reclamo administrativo el que no fue resuelto por ellos acudieron a instancias judiciales.
La semana anterior el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ordenó embargar las cuentas bancarias de la municipalidad además consideró pertinente estimar la solicitud de prohibición general de disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial en las instituciones financieras a las que se les notificó.
Reacción
Pero el alcalde Roberto Contreras dijo a los sampedranos que pueden estar tranquilos porque no se ha dado ningún congelamiento de fondos mucho menos embargos.
Llamó a los sampedranos a seguir pagando los impuestos porque de ahí es donde se construyen obras de infraestructura.
“El embargo no procede y nuestra gerencia legal va a desvirtuar ese reclamo. Nuestras finanzas están limpias y sanas y no están embargadas” aseveró.
"Hay dos razones: las cuentas están en fideicomiso y hay errores en ese escrito", dijo.
Especificó que si hay deuda con respaldo se pagará y la deuda original que se tenía con esa empresa era de L14 millones, pero no hay soporte documental y por tal razón la municipalidad no accedió a hacerlo.
“Resulta curioso y hasta raro que esta empresa que hoy reclama todo ese dinero se haya establecido o sacado su registro en el Onca el 2022 cuando todos los servicios los prestó el 2021 lo que significa que todas las transacciones son ilegales”, precisó Contreras.
"El departamento de auditoría está haciendo una revisión forense porque alguna documentación se extravió y no sabemos porque razón pero, se está haciendo un levantamiento y mas o menos en cinco días tendremos la información completa", ahondó el edil.
El alcalde detalló que ya está instruido el departamento legal para proceder ante el Ministerio Público a efecto que se haga una investigación a estas empresas a las cuales se le hicieron compras arriba de 250 millones de lempiras.
“No encontramos soporte de las entregas, absolutamente nada en las bodegas. Esperamos que termine la auditoría forense para determinar si se debe o no pagar. El juez condena a la Corporación Municipal y es la municipalidad la que recibió los servicios” indicó. "Vinieron por L14 millones y yo creo que más bien tienen que pagarle a la ciudad", concluyó Roberto Contreras.
“No se ha hecho ningún embargo en las cuentas”: Urquía
El procurador municipal, Mario Urquía, aclaró que no hay embargos sobre las cuentas de la municipalidad además hay disposiciones en la Ley orgánica de presupuesto y en el Código Procesal Civil sobre la improcedencia de embrago del Estado y cuentas estatales.
“Nosotros estamos haciendo uso de los recursos y los agotaremos. No hay posibilidad de que se concrete este embargo” dijo.
Detalló que la Ley determina cuando puede promoverse la nulidad de actuación. “Por un lado hay fideicomiso y la Ley establece ya disposiciones”, dijo.
