Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 denunció que se les está impidiendo el ingreso a las instalaciones, situación que según afirmaron se mantiene desde el fin de semana. Los trabajadores aseguran que no han recibido notificación formal de despido, pese a que se les negó el acceso a sus puestos.
De acuerdo con los afectados, alrededor de 45 a 50 personas que debían iniciar turno en horas de la mañana no pudieron ingresar a laborar. Entre ellos se encuentran colaboradores de las áreas de la Unidad de Respuesta en Emergencias Médicas (UREM), monitoreo, call center y drones.
Los empleados señalaron que únicamente el personal paramédico logró entrar a las instalaciones para continuar con sus funciones. El resto del equipo operativo permaneció en las afueras del edificio a la espera de una explicación oficial sobre su situación laboral.
Uno de los trabajadores manifestó que la medida responde a decisiones tomadas desde Tegucigalpa y cuestionó que el proceso se esté realizando bajo criterios políticos. A su juicio, se trata de una acción “sectaria” que vulnera los derechos de los empleados.
Según el testimonio brindado, el cierre de acceso se ejecutó con apoyo de la Policía Nacional y en presencia del representante de la Comisión de Transición. Los colaboradores indicaron que, hasta el momento, no han recibido documentación oficial que respalde una terminación de contrato.
Los afectados sostienen que impedir el ingreso a las instalaciones constituye un “despido indirecto”, ya que no se les permite desempeñar sus funciones habituales. En ese sentido, exigen que, de proceder con la desvinculación, se realice conforme a lo establecido en la ley.
Los trabajadores recalcaron que no se oponen a decisiones administrativas, pero piden que se respete el debido proceso. Solicitan que, en caso de despido, se les entregue una notificación formal junto con el pago de prestaciones e indemnización correspondiente.
Además, denunciaron que acumulan dos meses sin recibir salario, situación que, aseguran, ya les hacía prever posibles cambios en la institución. Indicaron que no se les ha cancelado el pago correspondiente a enero ni febrero.
Ante el escenario actual, los empleados del 911 informaron que ya realizaron consultas legales y que, de no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, podrían interponer acciones judiciales para defender sus derechos laborales.
Asimismo, confirmaron que un grupo acudió a la Secretaría de Trabajo para exponer el caso y solicitar acompañamiento institucional. Mientras tanto, permanecen a la espera de una respuesta oficial que defina su continuidad o desvinculación del 911.
