SAN PEDRO SULA. La Corporación Municipal declaró estado de emergencia en materia financiera para contratar directamente a una empresa que opere seis unidades municipales de recaudación de ingresos.
La decisión se tomó en una sesión extraordinaria. Luego convocaron a otra sesión donde Rolando Contreras y Omar Menjivar renunciaron a sus cargos como alcalde y vicealcalde, respectivamente.
A la empresa DHV Consultant Guatemala, que era la encargada de operar las cinco unidades mediante la modernización delegada, se le venció el contrato y no aceptó prorrogarlo.
Datos
1. Dinero.La empresa DHV Consultants recibía un 5.5 % sobre una meta establecida de 251 millones de lempiras recaudados; pero luego firmaron el nuevo contrato que ese porcentaje bajó a 4.95 sobre una meta superior a los 871 millones.
2. Las autoridades salientes explicaron que la modernización delegada ayudó a a mejorar la recaudación y eso permitió poder hacer más proyectos, muchos de ellos en ejecución actualmente.
Antecedente
El 29 de mayo de 2018, la Corporación Municipal acordó adjudicar el proyecto de “Suministro de servicios fiduciarios para el manejo de recursos financieros de la Municipalidad de San Pedro Sula” a Banpaís autorizando al alcalde para que suscribiera el contrato.
Dentro de ese documento se encontraba también la contratación de una empresa por parte del fiduiciario para la modernización delegada de los servicios de Catastro, Contribución por Mejoras, Control de Publicidad y Mobiliario Urbano, Edificios y Permisos de Construcción, Impuesto Personal y Gestión de la Mora, la que fue adjudicada a la sociedad mercantil denominada DHV consultants Guatemala, S.A. Son las unidades generadoras de ingresos de la Municipalidad.
Tiempos
Ese contrato de fideicomiso con Banco del País venció el primero de agosto de 2020 y fue necesario efectuar una prórroga del mismo en julio incluyendo el contrato de administración delegada con la sociedad mercantil guatemalteca.
Pero al finalizar el período de gobierno 2018-2022 venció la prorroga del contrato y al no existir en curso un nuevo proceso de licitación fue necesaria otra extensión con Banpaís mientras se lleva a cabo un nuevo proceso de licitación. Todo fue autorizado en la segunda sesión de corporación que dirigió Rolando Contreras.
En esa misma sesión se autorizó al Comité Técnico del Fideicomiso girar instrucciones al Banco Fiduciario para que contrate a la empresa Servicios de Arrendamiento y Soluciones Informáticas S. de R.L. DE C.V. como empresa operadora en su calidad de bontratista, con el mismo costo que actualmente está operando la modernización delegada y el mismo % de retribución contractual en caso de sobrepasar las metas fijadas en el proyecto Modernización Delegada hasta el vencimiento del contrato.
El 26 de enero de este año, ya con la nueva administración, el banco fiduciario comunicó a la alcaldía que el proceso de contratación de la Administración Delegada requiere la presentación de al menos dos propuestas y sugirió que antes de terminar el contrato con DHV Consultants Guatemala se reconsidere la terminación y se amplíe de manera temporal el contrato o en todo caso la Municipalidad contrate un nuevo proveedor para estos servicios.
Para saber
Más de 650 millones de lempiras se recaudaron en enero con el pago de los tributos de los sampedranos, informaron las autoridades salientes.
Pero los guatemaltecos manifestaron no poder prorrogar la prestación del contrato.
Ante esa situación, la Corporación acordó declarar el estado de emergencia en materia financiera para la contratación directa de una consultoría técnica especializada para que preste los servicios.
Lo que buscan evitar según la moción es evitar un impasse en la recaudación tributaria que afecte el equilibrio financiero del presupuesto municipal y la ejecución de los diferentes programas y proyectos. Además poder garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La Municipalidad deberá obtener, al menos, tres ofertas, y negociar con la oferta técnica más conveniente, en las mejores condiciones para la administración municipal, según las condiciones establecidas por un máximo de seis meses, o hasta que se adjudique el nuevo proceso de contratación.
