Nueve días después del ataque con un artefacto explosivo contra la diputada Gladis Aurora López, ocurrido en los bajos del Congreso Nacional, el caso continúa sin personas detenidas, una situación que comienza a generar inquietud y cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones.
El hecho, registrado en una de las zonas con mayor presencia policial y vigilancia del país, ocurrió en un momento de alta tensión política, lo que ha incrementado la atención pública sobre la respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
El atentado no solo puso en peligro la vida de una legisladora en funciones, sino que también dejó en evidencia debilidades en los esquemas de protección estatal.
La falta de capturas, pese al tiempo transcurrido, ha reforzado la percepción de lentitud institucional, aun cuando las autoridades aseguran que el caso no está estancado.
Desde los primeros días, los entes de investigación informaron que los presuntos responsables ya habían sido identificados y que existían registros audiovisuales que los ubican en el lugar antes y después del ataque.
En el perímetro del Congreso Nacional operan más de 25 cámaras de vigilancia, entre sistemas privados y dispositivos del Sistema Nacional de Emergencias 911, los cuales habrían documentado los desplazamientos de los sospechosos. Este nivel de monitoreo ha llevado a que sectores de la ciudadanía cuestionen con mayor énfasis la ausencia de resultados concretos.
Pese a ello, las autoridades han reiterado que la investigación sigue activa y que no se permitirá la impunidad. Como parte de las medidas para acelerar el proceso, la Policía Nacional anunció una recompensa de 300 mil lempiras por cada sospechoso, con el objetivo de incentivar información ciudadana que facilite su captura.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que continúa con el análisis técnico de los videos de seguridad, cruces de datos, reconstrucción de la escena y el seguimiento de distintas líneas investigativas, incluyendo la posible existencia de autores intelectuales detrás del atentado.
Según las autoridades, este tipo de casos requiere un manejo minucioso para evitar fallas procesales que puedan comprometer futuras acusaciones.
Por su parte, el Ministerio Público indicó que trabaja de manera coordinada con la DPI, evaluando pruebas audiovisuales, testimonios y peritajes relacionados con el artefacto explosivo utilizado. La Fiscalía sostiene que el expediente avanza y que los requerimientos fiscales se presentarán cuando exista un sustento sólido.
Mientras tanto, la diputada Gladis Aurora López, representante del departamento de La Paz, ya se encuentra en su vivienda, en proceso de recuperación, y continúa bajo observación médica para determinar posibles secuelas, especialmente en su sistema auditivo.
El caso permanece bajo atención pública, en espera de resultados que esclarezcan responsabilidades y refuercen la confianza en el sistema de justicia.
