La poca investigación de la Policía, la falta de criterio de los fiscales en elevar casos de bagatela a juicios orales y la sobrepoblación de privados de libertad en los penales son causas por las que se mantiene una mora en los tribunales sampedranos.
Norma Iris Coto, magistrada presidenta de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, aseguró que la mora judicial en los tribunales es de un 30%. “Hay demasiados casos para pocos jueces, anualmente ingresan al Tribunal de Sentencia unos 650 expedientes para juicios orales y de estos solo resuelven 450”.
La magistrada agregó que el Ministerio Público presenta requerimientos por cualquier denuncia y aunque no tenga sustento lo ingresan al sistema de justicia congestionándolo.
No aplican medidas
Ramón Barrios, juez del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, es del criterio que el Ministerio Público debe hacer una selección de los casos para que no todos sean elevados a juicio y que se haga uso de las medidas desjudicializadoras como ser la conciliación, los criterios de oportunidad y las estrictas conformidades.
“La Fiscalía debería elevar a juicio oral y público aquellos casos significativos como los homicidios, extorsiones, violaciones que tienen alto impacto en la sociedad y no deberían conocerse casos que les llamamos de bagatela. Me da la impresión que al interior del Ministerio Público y los fiscales no están utilizando las medidas desjudicializadoras”, dijo Barrios. El profesional del derecho manifestó que en las cinco salas del Tribunal de Sentencia en las que realizan las audiencias de proposición de pruebas se están señalando fechas de debates para el próximo año cuando se tienen que establecer para dentro de un mes.
“Esa mora es compartida, entre nosotros -Tribunal de Sentencia- y Ministerio Público, pero volvemos a lo mismo que nos llenamos de debates insignificantes como el robo de un celular que cuesta 200 lempiras cuando es una cuestión que debió resolverse con una medida desjudicializadora, pero el problema que si nos hacen una proposición de pruebas nosotros tenemos que señalar un juicio”, señaló.
“La falla en todo el proceso penal en Honduras es la Policía de Investigación, por eso digo que no necesitamos una policía de reacción sino concentrarnos en una de investigación”, opinó Barrios.
Francisco Quiroz, magistrado del Consejo de la Judicatura, dijo que la mora o retardo en la administración de justicia es uno de los principales problemas que acosa a la rama judicial y San Pedro Sula no es la excepción.
“El funcionamiento tardío se ha convertido ciertamente en un problema de política pública que demanda esfuerzos urgentes e inmensos para resolverlo, pues una justicia morosa equivale a una negación de justicia, en el mejor de los casos”.
Quiroz agregó que la administración de justicia es una verdadera obligación del Estado. “No una liberalidad ni un compromiso moral carente de vinculación efectiva. Se trata de una de las más altas responsabilidades públicas, si se quiere mantener unida y en paz a la sociedad”.
El magistrado indicó que una de las estrategias a implementar con la creación del Consejo de la Judicatura a fin de disminuir la mora en la impartición de justicia es la entrada en vigencia de las Judicaturas de Flagrancia.
“Nos pueden resolver mucha problemática judicial-penal siempre respetando el debido proceso, es decir, decidir la responsabilidad penal de un imputado en uno o dos meses y no esperar hasta dos o tres años que en muchos casos creamos impunidad por la desmotivación del usuario que al final no quiere prestar la colaboración ante los juzgados”, explicó.
Personal a capacitación
Una fuente policial reveló que fueron trasladados 46 agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) a Tegucigalpa para capacitarse y con esto se espera hacer más eficaz la búsqueda de pruebas para agilizar el proceso penal. “No se cuenta con una logística adecuada y hay agentes que llevan varios casos”, dijo la fuente.
