La agenda municipal no cambió. El alcalde Roberto Contreras cumplió con lo programado para ayer, incluso realizó la sesión corporativa con 19 puntos en agenda. La mañana estuvo turbulenta en la municipalidad cuando trascendió el requerimiento fiscal que el Ministerio Público (MP) presentó por fraude de L45.5 millones en la alcaldía sampedrana. Según el MP, se fraccionaron contratos, se incumplieron obras y se lavaron activos con fondos municipales.
El MP señala toda una red de corrupción que, entre julio de 2023 y abril de 2024, causó un perjuicio económico superior a los 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Hercord S. de R.L., destinados al mejoramiento vial. La acusación presentada por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) es contra funcionarios, exfuncionarios y particulares. Son 15 acusados en total, y ayer agentes de la Policía lograron la captura de nueve personas en distintas partes de la ciudad y en la capital de la República.
Los acusados por el Ministerio Público
La acusación es contra Luis Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega (representante de Hercord); Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo Hernández; así como los representantes de empresas que se coludieron en el esquema: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcon Jonathan Morales Corea.
También se responsabiliza a funcionarios y exfuncionarios municipales, entre ellos: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo, Luis Enrique Saa (director de Proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).
El MP les imputa delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
Los operativos para hacer efectivas las órdenes de captura fueron simultáneos y hasta ayer en horas de la tarde habían arrestado, según el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, a: Denis Jamil Paz Martínez, Walter Manuel Cartagena, Alejandra Eunice Amaya, Marlen Karina Mena, Olga Estela Ávila Ortega, Luis Fernando Hernández Portillo, Andrea Fabiola Perdomo, Malcon Jonathan Morales Corea, Osmán David Chávez y Xavier Lacayo Delgadillo.
Detención judicial y audiencia inicial
En horas de la noche, el Poder Judicial informó que un juez en materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción después de la audiencia de declaración de imputado dictó detención judicial contra Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcon Morales Corea y Andrea Fabiola Perdomo. Ellos enfrentarán audiencia inicial el próximo 26 de septiembre.
Operativos. A eso de las 6:30 am, la Policía llegó a la vivienda del yerno del alcalde, Steven Fajardo, en la colonia Los Alpes, para detenerlo. No lo encontraron y ya lo consideran prófugo de la justicia. Mientras realizaban la acción, se presentó el alcalde Roberto Contreras junto a otros funcionarios municipales para confirmar lo que estaba ocurriendo.
Contreras, dijo: “Esto es un ataque directo hacia mi familia. Esta es una agresión a la democracia del país. No me dejaré intimidar por estas acciones porque son acusaciones infundadas y basadas en rumores”.
El edil criticó al partido oficialista y comparó la situación política del país con regímenes dictatoriales en otros lugares, como Venezuela. “Mi familia ha sido atacada injustamente y esto forma parte de una persecución política. No tengo miedo y estoy decidido a enfrentar cualquier acusación”, indicó.
“He estado trabajando por San Pedro Sula desde que asumí el cargo y esas acciones en mi contra son desesperadas”, enfatizó.
“El señor Fajardo no sé dónde está, pero Carlon seguro está en Olancho”, indicó. “Yo estoy de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Yo no necesito que me defienda nadie”. Contreras dijo que también esperan capturas en el caso Sedesol.
Investigación. Según el MP, las averiguaciones comenzaron en marzo del año anterior y, de acuerdo con el vocero Yuri Mora, se cuenta con carga probatoria y testigos protegidos. Al parecer, empleados municipales y representantes legales de las empresas sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar los 33 contratos a Hercord, mientras que otras sociedades participaron solo como relleno para simular legalidad.
Hercord supuestamente no presentó garantías de anticipo, entre otras irregularidades detectadas. Los imputados fragmentaron los contratos para eludir los procedimientos de licitación privada y pública, adjudicando 26 contrataciones directas y 7 por vía privada. Además, se autorizaron pagos a Hercord sin que presentara informes de avance o de finalización de obras ni verificación de cumplimiento contractual. Se menciona un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona del Merendón, donde no existe evidencia de que ingresara maquinaria.
