San Pedro Sula, Honduras.
Asimismo, para cobrar deudas pendientes en la unidad de gestión de la mora no se podrán judicializar los casos, lo que significa que solo podrán hacer los cobros administrativamente y no vía judicial porque queda como potestad de la municipalidad. También se estableció como meta una recaudación anual de L871,583,318.92 para que ellos puedan cobrar la comisión del 4.95%. Si la empresa no recauda arriba de esa cantidad no podrá recibir la comisión.
La empresa DHV Consultants Guatemala SA será nuevamente la encargada de manejar seis unidades de las que más ingresos generan a la municipalidad sampedrana.
A partir del 1 de abril y por dos años la compañía asumirá el control de las unidades de catastro, contribución por mejoras, control de publicidad y mobiliario urbano, edificios y permisos de construcción e impuesto personal y gestión de la mora.
Pero los corporativos aprobaron también que los guatemaltecos no podrán aumentar ni revalorizar bienes inmuebles en el municipio dado que la Ley de Municipalidades establece que en los años 0 y 5 la alcaldía, previa socialización, podrá hacerlo, pero en este caso y por las condiciones económicas no fue autorizada.
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Anteriormente la municipalidad a través del banco que manejaba el fideicomiso llamó a un concurso público para manejar cuatro unidades y se adjudicó por primera vez a la empresa guatemalteca, en esa ocasión cobró por dos años una comisión de 5.5%, teniendo como techo de ingresos L251,804,926.
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Antecedente. En noviembre pasado se declaró desierto el proceso de concurso, se convocó nuevamente y solo la empresa DHV ofertó para manejar esas dependencias por lo que le fue adjudicada.
La primera licitación fue cuestionada. Esta vez la comisión evaluadora recomendó adjudicar el proceso de Concurso Público Internacional No.02-2018 a la empresa DHV Consultants Guatemala, que presentó una oferta económica de 4.95% y según ellos consideraron que la oferta presentada por dicha sociedad es la más conveniente a los intereses de la municipalidad.
Cabe señalar que es la única empresa que ofertó. La aprobación de la adjudicación fue por mayoría de votos y algunos regidores razonaron el voto apegándose a lo que manda la Ley de Contratación del Estado.
