Drogas, armas y bandas sitian Santa Bárbara
El caso reciente del diputado nacionalista Mario Reyes estaría vinculado a una banda que al parecer tiene conexiones en Guatemala
- 12 de agosto de 2025 a las 23:16 /
San Pedro Sula, Honduras.
En la aldea Las Flores, a orillas de la carretera departamental de Santa Bárbara, la calma se quebró en las últimas horas con el asesinato de un líder religioso, víctima de un ataque con arma blanca que conmocionó a la comunidad. Mientras tanto, en otro punto del departamento, la Policía Nacional actuó con rapidez al detener a un hombre que intentaba robar en una vivienda, y capturó a tres personas más en Trinidad, tras un operativo donde se decomisó drogas, armas de fuego y una camioneta vinculada a casos ilícitos.
Pese a estos hechos que han alterado la paz local, las autoridades insisten en que Santa Bárbara sigue siendo un departamento seguro , y califican estos incidentes como hechos aislados que no representan una escalada en la inseguridad regional, al contrario, se ha cerrado el espacio a miembros de grupos organizados que intentan cometer delitos varios y que se han desplazado a estos sitios provenientes de otros lugares del país.
El 8 de agosto pasado, Mario Orlando Reyes Mejía, diputado suplente del Partido Nacional en Santa Bárbara, vivió horas de angustia cuando fue víctima de un rapto. Viajaba acompañado por su conductor y un activista político cuando, en la carretera entre Pito Solo y Zacapa, un grupo de sujetos armados los interceptó.
Los atacantes obligaron a las víctimas a descender de su vehículo y las trasladaron a otro automóvil, perdiéndose todo contacto con ellos.
La incertidumbre invadió a familiares hasta que un comunicador social de la zona alertó a la Policía local, lo que permitió que finalmente se lograra la localización de Reyes y sus acompañantes.
El diputado relató que durante su cautiverio fue obligado a agacharse y evitar mirar a sus captores, quienes llevaban máscaras para ocultar sus rostros.
La Policía Nacional reaccionó rápidamente y capturó a dos personas vinculadas presuntamente al rapto, y se encontraron evidencias que los relacionan con el vehículo en el que se transportaba Reyes.
Días después de lo sucedido, Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, explicó a LA PRENSA Premium que los sospechosos forman parte de un grupo delictivo más amplio, con antecedentes criminales.
La pronta acción policial permitió la captura de los sospechosos en la aldea El Rodeo tras un operativo coordinado que involucró varias unidades regionales. Se ordenó el cierre del departamento y se activaron operativos conjuntos con fuerzas de seguridad de departamentos vecinos como Comayagua y Lempira.
El rapto se produjo en horas de la mañana, alrededor de las 8:15 a 8:30, cuando el diputado y sus acompañantes se dirigían aparentemente a una actividad política en San Francisco de Ojuera.
Los delincuentes interceptaron la camioneta en el desvío del municipio, pero al sentir la presión policial decidieron abandonar los vehículos, entre ellos una Hilux blanca con reporte de robo, y dispersarse, lo que facilitó la captura de los implicados.
Se presume que contaban con más vehículos y que tenían “banderas”, un sistema de inteligencia que les alertaba sobre la presencia policial en el departamento.
Las indagaciones, a cargo de la Dirección Policial Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), descartaron motivaciones políticas y determinaron que se trató de un intento de robo de vehículo con privación injusta de la libertad.
Se sospecha que el objetivo era sacar al diputado, de Santa Bárbara, y trasladarlo a través de Comayagua. Además, se maneja la hipótesis de que alguien cercano al congresista pudo haber colaborado para facilitar el rapto.
Las personas involucradas no pertenecen a las pandillas tradicionales como la MS o la 18, sino a un grupo delictivo organizado, con posibles conexiones en Guatemala. Esta banda se dedica a secuestros exprés y otras actividades ilícitas en las regiones centro, oriente, litoral atlántico y occidente del país.
Gregorio Cornejo aseguró que estos hechos delictivos no son comunes en Santa Bárbara, pues la Policía mantiene un control estricto con presencia activa y operativos constantes en todos los municipios del departamento.
"Quienes planifican venir a hacer cualquier delito a Santa Bárbara lo están pensando, porque saben que tenemos cerrada la ciudad las 24 horas. Se mantiene la seguridad para evitar delitos como robo a vivienda, robo a vehículos y otros", afirmó el agente.
El domingo siguiente a este incidente se capturó a un grupo que también se dedica al robo, secuestro exprés y otros delitos, aunque se trata de bandas distintas. Los tres detenidos de este segundo grupo tienen antecedentes penales y son originarios de San Pedro Sula, pero operan en el sector de Santa Bárbara y otras regiones del país.
De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, se ha registrado un aumento en los intentos de robo de vehículos en el departamento de Santa Bárbara, especialmente en la zona de los valles, sin que se hayan podido consumar gracias a las intervenciones operativas de equipo policiales. Los vehículos afectados suelen ser de mediano o bajo valor y de diversos negocios, y los responsables pertenecen a grupos organizados que operan en la región.
Entre 2019 y 2023, el robo de vehículos en Honduras dejó una huella contundente en las estadísticas, 7,337 casos registrados a nivel nacional. Aunque el fenómeno se distribuyó en casi todos los municipios del país, la incidencia fue fuertemente en los principales centros urbanos y corredores económicos estratégicos.
Aunque la mayor parte de los incidentes se concentró en los departamentos más urbanizados y con alto flujo vehicular, como Francisco Morazán (2,589 casos) y Cortés (1,632), Santa Bárbara también apareció en las estadísticas con 136 denuncias, equivalente al 1,8% del total nacional.
En el ranking nacional, Santa Bárbara se ubicó en el puesto 11 entre los 18 departamentos del país, sus 136 casos registrados la colocaron por encima de Lempira, Intibucá y La Paz, pero muy por debajo de Copán (272) o Yoro (389), departamentos vecinos con los que comparte corredores viales clave.
El patrón criminal en Santa Bárbara parece vinculado menos a una actividad interna delictiva masiva y más a su posición estratégica como zona de paso. Los municipios conectados a la CA-4 y a la carretera hacia el valle de Sula se convierten en puntos vulnerables, ya que permiten el tránsito rápido de vehículos robados hacia mercados ilegales o hacia rutas de salida a Guatemala.
Los municipios de Santa Bárbara con mayor incidencia por estos hechos, durante este período, fueron Quimistán, con 38, la cabecera con 23, Macuelizo con 14, San Luis con 14 y Trinidad con 10.
Modalidad activa
Entre enero y mayo de 2025, las fuerzas de seguridad reportaron 8,802 detenciones por diversas incidencias en el departamento de Santa Bárbara. Los datos oficiales mostraron que los municipios más importantes concentraron la mayor parte de los arrestos, mientras que en zonas rurales las capturas, aunque menores en número, tenían patrones de violencia y delitos persistentes.
La cabecera de Santa Bárbara encabezó la lista con 1,338 detenciones, le siguió Quimistán con 1,110 casos y en tercer lugar apareció Las Vegas con 700 detenciones.
En el corredor norte, Macuelizo y Trinidad sumaron 593 y 433 arrestos, respectivamente, mientras que municipios como Atima (386 casos) y San Pedro Zacapa (368 casos) mostraron un comportamiento similar, que aunque tienen poblaciones pequeñas, presentaron un número alto de capturas por actos delictivos.
El caso de Ilama, con 355 detenciones, merece especial atención por su cercanía con la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo. La estadística plantea interrogantes sobre el impacto que esta prisión ha tenido en la dinámica criminal del municipio y si su presencia ha contribuido a reducir, desplazar o transformar las actividades ilícitas.
Otros municipios, como San Luis (341 casos) y Azacualpa (317 casos), mantuvieron niveles intermedios, pero no exentos de estas problemáticas. En la parte baja de la tabla, aunque con cifras menores, se registraron capturas en Chinda (75 casos), Santa Rita (68 casos) y Gualala (62 casos).
En un listado analizado por LA PRENSA Premium destacaron tres grandes protagonistas: el tráfico de drogas, la portación ilegal de armas y la violencia doméstica y de género.
El delito con mayor número de arrestos fue la portación ilegal de armas (1,724 casos), evidenciando la alta circulación de armamento no autorizado en la región. Esta cifra, que supera ampliamente a cualquier otra categoría, apunta a un escenario donde la posesión de armas se ha normalizado y representa un riesgo latente para la seguridad ciudadana.
En segundo lugar, el tráfico de drogas acumuló 996 capturas, a las que se sumaron 145 por posesión de droga y 105 por facilitación de transporte para narcotráfico. En total, más de 1,200 detenciones estuvieron directamente vinculadas con el mercado ilícito de estupefacientes, lo que confirma el papel del departamento como corredor estratégico para estas actividades.
La violencia en el ámbito familiar ocupó un lugar significativo, con 657 casos de violencia doméstica, 131 de violencia intrafamiliar y 518 por maltrato familiar, sumando más de 1,300 detenciones por agresiones ocurridas en el hogar. A esto se agregaron 229 denuncias de violación, 175 de violación especial y 58 por otras agresiones sexuales, dibujando un patrón fuerte de violencia de género.
El capítulo de homicidios y tentativas dejó 928 casos entre asesinatos, homicidios simples, culposos y tentativas, denotando que la letalidad de los conflictos no ha disminuido. El asesinato, con 310 registros, fue la figura más frecuente dentro de este bloque.
Los delitos contra la propiedad también tuvieron un peso importante, 229 robos, 59 robos agravados, 128 usurpaciones y 89 delitos forestales.
Otros delitos, aunque con menor incidencia numérica, revelan focos específicos de actividad criminal, 74 casos de asociaciones ilícitas, 63 de tráfico ilegal de madera y 58 de tráfico ilegal de personas.
Los pobladores de Santa Bárbara han reaccionado con extrañeza ante los hechos que han ocurrido en lo que va del año.
Para Vladimir Polanco, empresario de la zona, Santa Bárbara ha sido históricamente un “paraíso de seguridad”, un lugar donde se puede salir sin temor y mantener negocios sin el riesgo de robos. Durante años, afirmó, la comunidad se caracterizó por su honestidad y tranquilidad, pero esa realidad ha comenzado a cambiar.
En los últimos meses, señaló, han ocurrido hechos que antes eran impensables, como el reciente rapto del diputado Mario Reyes, un episodio que calificó como “sorprendente” por su rareza en el departamento. A ello se suman robos menores en comercios, perpetrados incluso por personas que no se intimidan ante la presencia de cámaras de seguridad.
Este repunte delictivo ha obligado a los empresarios a asumir gastos adicionales. “Aparte de pagar la tasa de seguridad al Estado por cada transacción, ahora debemos invertir en sistemas de vigilancia propios, como cámaras y guardias de seguridad”, comentó Polanco. Esta inversión, advirdió, se hace a costa del crecimiento empresarial, pues los recursos que podrían destinarse a expandir los negocios se redirigen a medidas de protección.
La delincuencia también genera temor entre quienes desean emprender o ampliar sus operaciones; sin embargo, destacó que la comunidad empresarial mantiene una respuesta solidaria. Ante incidentes graves, los comerciantes se comunican entre sí para alertar sobre sospechosos o vehículos relacionados con robos, lo que permite estar más prevenidos.
Si bien Polanco no aseguró que estos hechos sean la causa directa de la disminución de inversiones, reconoce que los inversionistas “piensan dos veces” antes de establecerse en un lugar donde se registran incidentes de este tipo.
En cuanto al impacto de la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, Polanco considera que su presencia ha influido en la dinámica de seguridad de los últimos años, aunque no detalló en qué medida.
Lucrativo
Entre 2015 y 2022, Honduras registró 165 casos de secuestro documentados oficialmente, un promedio de 20 por año. Aunque las cifras mostraron una tendencia general a la baja desde el pico de 40 casos en 2015 hasta 13 en 2022, el delito siguió presente en varias regiones del país y con montos de rescate que, en algunos años, superaron los 100 millones de lempiras.
El año más crítico en términos económicos fue 2017, cuando los secuestradores exigieron más de 128.6 millones de lempiras, seguido de cerca por 2022, con 106.9 millones. En contraste, 2019 marcó un mínimo con 16.8 millones, aunque el número de casos (15) no fue el más bajo de la serie. Estos datos revelaron que, más allá de la cantidad de secuestros, las exigencias económicas fluctuaron drásticamente, lo que podría asociarse a la selección de víctimas con mayor capacidad de pago.
La tasa de rescate de víctimas se mantuvo alta en este período de tiempo. En todos los años, el número de personas liberadas superó o igualó el de secuestros registrados, debido a que en algunos incidentes hubo más de una víctima. Por ejemplo, en 2017 se registraron 28 secuestros, pero 30 liberaciones, y en 2021, 15 secuestros con 17 rescates.
Las operaciones policiales contra el secuestro han tenido resultados variables, por ejemplo, 2016 fue el año con más capturas (56 detenidos), mientras que en 2019 solo se arrestó a 18 sospechosos. El perfil de los detenidos confirmó el carácter masculinizado de este delito; es decir, en todo el periodo, más del 85% de los capturados fueron hombres, aunque cada año se registraron casos de mujeres vinculadas a estas redes criminales.
En cuanto a la geografía del secuestro, el fenómeno se mantuvo disperso, pero con patrones claros, departamentos como Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Yoro aparecieron de forma recurrente en los reportes, reflejando zonas de tránsito, actividad comercial y rutas estratégicas para bandas delictivas. Otros departamentos como Santa Bárbara, Olancho y Copán figuraron intermitentemente.
