El laberinto legal que enfrentan los migrantes en Estados Unidos

La llamaremos Patricia. Originaria de Danlí, El Paraíso, emigró a algún lugar de Florida en busca de mejorar su situación financiera. En Honduras no encontraba trabajo y su madre ya vivía, aunque de manera ilegal, en Estados Unidos.

Hace siete años, antes de la pandemia del covid-19, decidió emigrar, llegó a suelo estadounidense y encontró trabajo; sin embargo, el endurecimiento de las leyes migratorias en Florida la tiene atemorizada.

"No salgo de casa, tengo temor a que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) me detenga y me lleve a un centro de detención". La hondureña de 34 años sabe las vicisitudes que pasan miles de migrantes en esos centros.

Según datos recopilados por Americans for Immigrant Justice, una organización sin fines de lucro con 30 años de apoyo a migrantes de bajos recursos, hasta el 8 de marzo de 2026, más de 73,000 personas de diferentes nacionalidades se encuentran bajo custodia de ICE, el nivel más alto registrado. Florida es el segundo estado con más arrestos migratorios. El primero es Texas.

El equipo de abogados de la organización cubre los siete centros de detención de migrantes del estado. Andrés González, gerente de Comunicaciones y Relaciones con Medios de Americans for Immigrant Justice, aseguró que desde diciembre de 2024 la detención migratoria aumentó un 75%.

"La cantidad de migrantes latinos arrestados por Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha aumentado un 255% desde enero de 2025. Arrestos de mexicanos, hondureños, venezolanos y salvadoreños se doblaron en cantidad desde febrero de 2025", detalló González.

Para Americans for Immigrant Justice, los principales obstáculos legales para obtener asilo son la falta de abogado gratuito. No existe el derecho garantizado a un abogado gratuito en los tribunales de inmigración.

"El 76% de las personas que enfrentan órdenes de deportación no tienen abogado. Además del retraso del sistema: Hay un acumulado de 3.4 millones de casos pendientes en los tribunales de los Estados Unidos".

Gonzaléz, junto al abogado Paul Chávez, director del programa de litigio de impacto de Americans for Immigrant Justice (AIJ), habló con un grupo de periodistas de México, República Dominicana y Honduras, que participaron durante una semana en un programa de cobertura sobre inmigración organizado por Inquire First y patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Dentro del grupo que apoya Americans for Immigrant Justice se encuentran niños no acompañados. Los niños que cruzan la frontera sin compañía de un adulto terminan bajo custodia del Estado. Pero, en la práctica, muchos permanecen detenidos y enfrentan un sistema legal complejo sin garantías plenas de defensa.

"El debido proceso es lo que nos motiva", confesó Gonzales. “Eso significa que las personas deben conocer sus derechos, tienen que tener acceso a un abogado y no deben firmar documentos que no entienden o que no están en su idioma”.

El principio, conocido como due process, también implica que cualquier persona debe saber por qué está detenida y tener la oportunidad de presentar su caso ante un juez con asesoría legal. Sin embargo, según la organización, esto no siempre se cumple.

"Lo que hemos visto es que ese debido proceso no se ha seguido como se debe". González recordó que este derecho aplica para todos, independientemente de su estatus migratorio. "Que alguien no tenga estatus legal no significa que no tenga derecho al debido proceso", subrayó.

La situación es especialmente crítica en el caso de niños migrantes no acompañados. En Miami, Americans for Immigrant Justice es el único proveedor de servicios legales dentro de la jurisdicción de la Corte de Inmigración, lo que convierte a la organización en un punto clave para la atención de estos casos.

"Nos aseguramos de que estén seguros. Ningún niño debe enfrentar un tribunal de inmigración solo", insistió Gonzales. A diferencia del sistema penal, en materia migratoria el Estado no proporciona abogados. Esto significa que, si una persona no puede pagar defensa legal, debe enfrentar el proceso por su cuenta, incluso si se trata de menores.

"Estamos hablando de niños de 5, 6 o 10 años que tienen que entrar frente a un juez solos, en un idioma que no conocen. Es difícil imaginarlo", señaló.

Ante esta realidad, la organización ofrece representación legal gratuita, orientación sobre derechos y acompañamiento durante todo el proceso. Además, muchos de los menores reciben apoyo psicológico, ya que han pasado por situaciones de violencia o trauma en sus países de origen o durante su trayecto migratorio.

Americans for Immigrant Justice también tiene un programa de defensa familiar. La separación de familias continúa por la detención. Nos llegan muchas llamadas de gente que dice: 'Han detenido a mi esposo, no sé qué hacer, no tengo dinero para pagar un abogado. Han detenido a mi hijo, no lo puedo encontrar. Ayúdenme'".

El equipo de abogados los apoya. También ofrecen representación legal a personas beneficiadas de Estatus de Protección Temporal (TPS) y con Daca, "personas que llegaron como niños, pero que no han logrado legalizar su situación", agregó González.

La organización trabaja con firmas de abogados de Miami y de todo el país, bajo probono, "que nos donan su tiempo para representar a migrantes". Hay una creciente presión sobre el sistema migratorio, que es el más complicado en Estados Unidos, pues no ha tenido reformas legislativas en muchos años. Las leyes no responden a la actual situación migratoria.

Según datos citados por la organización, el 76% de las personas con órdenes de deportación en Estados Unidos no tiene abogado. En Florida, la cifra es del 73%. González aseguró que muchos no tienen dinero: "Hablamos de personas que trabajan día a día para poder llevar comida a casa".

En el caso de menores, la situación es aún más alarmante: el 63% (566,700 de 890,000 menores) enfrentaba procesos de deportación sin representación legal. “La diferencia es enorme: quienes tienen abogado tienen más de diez veces más probabilidades de ganar su caso”, explicó Gonzales.

El abogado Paul Chávez explicó que su trabajo busca generar cambios estructurales en el sistema migratorio, a diferencia de los programas de servicio directo que brindan asistencia legal individual.

"Imaginen a personas flotando río abajo, rescatando a quienes se están ahogando. Los litigios de impacto no hacen eso, sino que remontan el río para intentar averiguar quién está arrojando a estas personas al agua. Y para intentar detener esto a nivel sistémico, para que haya menos gente en el río", señaló Chávez. En Florida, esto se traduce en impugnar leyes estatales que, según la organización, afectan los derechos de las personas migrantes.

Chávez advirtió que el estado se ha convertido en un laboratorio de políticas restrictivas. "Hemos visto muchas leyes antiinmigrantes aprobadas en Florida y, si no se detienen aquí, se extienden a otros estados", afirmó.

Uno de los casos clave es Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida vs. Othmeyer, actualmente en el Undécimo Circuito. La demanda cuestiona una sección de la ley SB 1718, considerada por el abogado como una de las legislaciones antiinmigrantes más amplias del país. "Creo que tenía unas 18 secciones diferentes. Todas horribles". Entre otras disposiciones, la norma obligaba a preguntar el estatus migratorio en hospitales que aceptan Medicaid, lo que, según Chávez, generó temor en el acceso a servicios de salud.

"Luchamos contra eso en la legislatura; la ley se aprobó, pero no tan terrible como al principio. Logramos una enmienda para permitir que las personas se negaran a responder".

Otra parte impugnada es la Sección 10, que penaliza el transporte hacia Florida de personas que ingresaron sin inspección. Chávez explicó que esta disposición podría criminalizar a trabajadores agrícolas, organizaciones comunitarias e incluso familiares.

"Algunos de nuestros clientes son la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. Sus miembros son, por supuesto, trabajadores agrícolas. Como saben, los trabajadores agrícolas viajan por todo el país, de estado a estado, dependiendo del cultivo en el que trabajen. Por lo tanto, tienen que entrar y salir de Florida. Esta ley podría criminalizarlos a ellos o a quienes los transportan".

El abogado contó que entre los demandantes se encuentran una madre indocumentada que temía ser arrestada por trasladar a su hija beneficiaria de Daca fuera del estado y un sacerdote que brinda apoyo a migrantes y trabajadores de organizaciones sin fines de lucro que transportan personas por motivos laborales o humanitarios.

El tribunal emitió una orden judicial preliminar que suspendió la aplicación de esa sección mientras continúa el litigio. No obstante, Chávez indicó que se han registrado algunos arrestos que posteriormente han sido desestimados por considerarse inconstitucionales.

Otro caso relevante es la impugnación de la ley SB4C, que criminaliza la entrada al estado de personas sin inspección migratoria. Esta normativa también fue suspendida temporalmente y está en revisión en el Undécimo Circuito.

Chávez sostuvo que la intervención estatal en materia migratoria genera problemas adicionales. "Provoca discriminación racial, detenciones ilegales y procesos de deportación costosos", dijo, al subrayar la complejidad del sistema federal de inmigración.

Además de las leyes, AIJ ha presentado demandas sobre condiciones en centros de detención, incluyendo el acceso a representación legal. Uno de los casos se enfoca en el centro de detención de los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”.

Según Chávez, al inicio este centro operaba sin mecanismos claros para contactar abogados o acceder a tribunales. Aunque se han anunciado cambios, la organización asegura que persisten limitaciones, como el acceso insuficiente a comunicaciones confidenciales.

El abogado también señaló retrasos en la localización de detenidos dentro del sistema oficial de ICE, lo que dificulta el contacto de familiares y representantes legales.

Entre los errores que cometen los migrantes en su proceso legal, están: No contar con abogado: Las personas con representación tienen hasta 10.5 veces más probabilidades de ganar el derecho a permanecer en los Estados Unidos que aquellas que no tienen una; y firmar documentos sin entenderlos. Muchas personas firman sus propias órdenes de deportación bajo presión o por no comprender lo que leen.

La organización cuenta con una línea de asistencia al inmigrante, "donde las personas pueden llamarnos para recibir orientación y servicios". Si no ofrecemos directamente lo que necesitan, los conectamos con organizaciones locales de nuestra red comunitaria". Además, disponen de clínicas legales gratuitas, en las que informan a la comunidad sobre sus derechos y pasos a seguir en distintas situaciones.

Americans for Immigrant Justice forma parte de la coalición RACE, que recibe reportes de actividad de ICE en las comunidades. "Cuando alguien nos llama para alertar sobre operativos, les brindamos apoyo inmediato y los conectamos con recursos".

Además, si una persona es detenida en un estado distinto al suyo, por ejemplo, arrestada en Miami y trasladada a Texas o Luisiana, trabajan en coordinación con aliados en esos lugares para asegurar acompañamiento y orientación.

La organización recibió en 2025 más de 20,000 llamadas al año de personas que buscan ayuda legal. Solo lograron responder 13,300 llamadas. Reconocen que la demanda supera su capacidad. "Estamos al máximo", admitió Gonzales. "Nos rompe el corazón ver que no siempre podemos llegar a todos".

Pese a ello, aseguró que el trabajo continúa con un objetivo claro: garantizar que las personas migrantes, especialmente los niños, tengan una oportunidad real de defenderse. "Al final, se trata de algo básico", concluyó. "Que todos tengan una voz en el sistema".

Ante este panorama, Patricia, la hondureña con temor a ser deportada como miles de compatriotas, carece de oportunidades legales. Su permanencia en territorio estadounidense es incierta debido al laberinto legal que enfrentan los migrantes en Estados Unidos.