Madrid, España
Más de 25,000 migrantes residentes en zonas afectadas por el temporal del pasado octubre en España, que provocó 232 muertos, podrán beneficiarse de las medidas extraordinarias aprobadas este martes por el Gobierno español, como una regularización para quienes están en situación irregular.
El Consejo de Ministros, en su habitual reunión de los martes, autorizó una regularización por un año para quienes no tienen papeles en España y la prórroga automática para aquellos que sí tienen permisos, entre otras medidas.
Fuentes del Ministerio de Migraciones informaron de que podrán beneficiar al menos a 25.000 personas, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística cotejados con las oficinas de Extranjería de las zonas afectadas.
Las lluvias torrenciales del 29 de octubre del año pasado provocaron graves inundaciones en zonas del este y sur de España, especialmente en la provincia de Valencia, donde murieron 224 personas, además de cuantiosos daños materiales.
En las zonas afectadas residen miles de latinoamericanos, de países como Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Venezuela.
Autorización de residencia para los migrantes sin papeles afectados
El objetivo es evitar que caigan en una situación de irregularidad sobrevenida.
Para ello, se podrá conceder una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a extranjeros y sus familiares que tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados por la dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Este permiso tendrá una vigencia de un año y les habilitará para residir y trabajar en España.
Las solicitudes deberán ser presentadas en un plazo máximo de tres meses desde que entren en vigor estas instrucciones y, cuando caduquen, los beneficiados podrán solicitar el paso desde esta autorización a otra de las previstas en el reglamento de extranjería en España.
En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.
Prórroga y renovación automática de permisos
Las medidas incluyen además la prórroga y renovación automática, previa solicitud en la Oficina de Extranjería, de las autorizaciones de estancia por estudios y temporales de residencia o trabajo cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 a los extranjeros residentes en municipios afectados por el temporal.
Estas solo podrán ser denegadas por razones de orden público, seguridad o salud pública y la solicitud debe presentarse 60 días antes de que caduque el permiso o hasta 90 días después.
Con lo aprobado hoy, el Gobierno resolverá de forma favorable todas las solicitudes de autorización inicial de residencia o trabajo y de renovación, modificación o prórroga de aquellas personas que las tenían en trámite cuando sucedió la dana y que, como consecuencia de la catástrofe, han dejado de cumplir con alguno de los requisitos.
La excepción, nuevamente, es que concurran razones de orden público, seguridad y salud pública.
Eliminación de requisitos
El Gobierno español elimina también la obligatoriedad de estar dado de alta en la Seguridad Social en las autorizaciones de residencia y trabajo ya concedidas que dependían de este requisito.
La medida fue adoptada “entendiendo que algunos empleadores no hayan podido cumplimentar el trámite a consecuencia de la dana y para evitar que el trabajador extranjero caiga en la irregularidad sobrevenida”, informaron fuentes del Ministerio.
De esta forma, las autorizaciones serán válidas desde el momento de su resolución por la Oficina de Extranjería, “sin que resulte preceptivo el alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social”.
Estas fuentes señalaron que las medidas se tomaron tras “un minucioso análisis jurídico y demográfico”, una vez el Gobierno constató que las consecuencias de la dana pueden dificultar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente de extranjería.
Una situación que genera “inseguridad jurídica” tanto para los extranjeras afectados como para los empleadores y el resto de operadores sociales y económicos. EFE
