Especialistas consideran que, tal y como lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), debe ser el Estado el que asuma el beneficio anunciado por la presidenta Xiomara Castro respecto a que los 1.3 millones de familias que consumen 150 kWh hora o menos no pagarán energía.
Durante su discurso de toma de posesión, la mandataria dijo que “los altos consumidores deberán asumir un precio a su factura para subsidiar la energía que daremos gratis a los pobres”.
Castro reiteró la medida a través de un tuit en el que anunciaba que enviaría ayer, para su aprobación en el Legislativo, un decreto para reformar la LGIE, para que los más de 1.3 millones de familias en situación de pobreza “tengan energía gratis”.
Diputados que integran la junta directiva del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo -quien es reconocido por la presidenta Castro como titular de este poder del Estado- anunciaron que, entre otros temas, la agenda legislativa de hoy, a desarrollarse de manera presencial desde las 3:00 pm, comprende los subsidios de energía para hogares en condición de pobreza, combustibles y zedes.
El diputado Rasel Tomé, vicepresidente de la junta directiva que preside Luis Redondo, afirmó que le darían “la celeridad que el pueblo reclama, con diligencia en el Congreso Nacional” a la iniciativa que les enviará la presidenta Xiomara Castro.
Sin embargo, el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, dijo que la agenda legislativa que pretende impulsar la mandataria no puede avanzar mientras no se resuelva la crisis. “Mientras se hable de dos juntas directivas no se puede empujar una agenda legislativa porque una tiene 43 votos y la otra tiene 79”.
Tendencia
Según el boletín de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), a noviembre de 2021 había 1,237 clientes bajo la categoría de industria, que significa, conforme explicó el asesor de energía Kevin Rodríguez, que de cargarles los L1,072.5 millones que consume en promedio la población que recibirá el beneficio “cada empresa deberá pagar unos L867,017 adicionales a lo que ya facturaba”.
En otro escenario, planteó el experto, “si se decidiera cobrar a toda la industria y comercio, es decir, a grandes y pequeñas empresas incluyendo salones de belleza, talleres, mercaditos, etcétera, entonces el costo del subsidio le tocaría pagarlo a los 128,185 clientes, es decir, L8,367 adicionales a su consumo propio”, lo cual, consideró que difícilmente algunos sectores podrían asumir el aumento “y deberán cerrar operaciones”.
En criterio de Rodríguez, tal y como lo establece la LGIE, “el beneficio lo debe asumir el Estado de Honduras a través de acciones como la reducción de pérdidas, recuperación de la mora, ingreso de competencia en nuestro sector e inversiones, porque en mora hay más de L14,000 millones de energía que se consumió y se facturó, pero no se le pagó a la Enee”.
Por otra parte, tal y como lo mencionó la presidenta Castro en su discurso de asunción, las pérdidas por robo de la estatal alcanzan más de 38%, que implican un impacto en el flujo de caja de L10,000 millones anuales.
“Hay bastantes recursos que se pueden utilizar sin generar una afectación, ni a la Enee, ni a la industria y comercio”, dijo Rodríguez, al tiempo de reiterar que incrementar costos de energía a estos sectores puede desencadenar “desempleo, cierre de empresas, incremento a los costos y a la canasta básica, e implicar falta de competitividad de nuestra industria en comparación al resto de Centroamérica”.
Consenso
En mención al tuit de la presidenta Castro, su esposo y coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya Rosales, calificó de “modelo neoliberal” que la LGIE “no permite que se subsidie a los pobres”.
Por su lado, el presidente de la Coalición Patriótica y de la Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, dijo que “el subsidio es una buena determinación de la nueva administración para no golpear a las personas con pocos recursos económicos, pero solo debería mantenerse por tres meses”, para evitar que empresarios e industriales incrementen el precio de los productos básicos.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, en entrevista al noticiero Hoy Mismo (Televicentro), consideró “más importante” analizar “cómo va a afectar este incremento a la competitividad de nuestro país en la industria y buscar maneras creativas de cómo poder siempre ayudar a los más desposeídos sin perder la competitividad del país”.
En su criterio, “es importante que balanceemos estas dos cosas. Creemos que la voluntad está en la dirección correcta y lo que el sector privado desea es buscar cómo aportar a que esa voluntad se cumpla dentro de las promesas que la Presidenta dio en su campaña, pero que también no afecte la competitividad de la industria general del país”.
Facussé recalcó que es preciso manejar un clima competitivo de inversión y producción.
“Estoy seguro que la Presidenta comprende bien estos conceptos; por ello habría que ver el detalle de la propuesta para conocer cómo sugiere que hagamos esta ayuda a la gente más pobre. Creemos que es una voluntad desinteresada de ayudar al más desposeído y eso es loable y algo que aplaudimos, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar que no perdamos la competitividad nacional y del sector de energía eléctrica”, agregó el empresario.
CLAVES DE LA LGIE Y OTROS CRITERIOS
La Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) entró en vigor en 2014, pero casi ocho años después no ha sido aplicada en forma.
1. La estructura y gobernanza de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ha quedado obsoleta, impidiéndole ser más eficiente y efectiva. En criterio de analistas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), esto ha pasado por el incumplimiento de la LGIE.
2. El dirigente del sindicato de trabajadores de la estatal (Stenee), Ángel Hernández, dijo que el subsidio para los bajos consumidores es una buena medida, pero dijo que es necesario un nuevo gerente general para que trabaje de manera directa con el gobierno de la presidenta Castro.
3. A criterio de Hernández, tal subsidio debe ir focalizado a los estratos sociales más bajos; además, debe hacerse un análisis con el nuevo gerente de la Enee para que se busquen los mecanismos para financiar los subsidios, pues la estatal eléctrica no puede asumir esa gran responsabilidad.
