El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y el Colegio Hondureño de Economistas (CHE) consideran que el nuevo Gobierno de Xiomara Castro, a demás de hacer una renegociación con organismos internacionales, no debe pagar la “deuda odiosa” contraída por las administraciones anteriores.
Al tomar posesión, Castro anunció que buscará renegociar las deudas interna y externa contraídas por la administración central (AC), las cuales totalizan cerca de $17,000 millones, unos L400,000 millones que, para la nueva administración, asfixia a las finanzas estatales.
Según cifras del Banco Central de Honduras (BCH), a diciembre de 2021, el Gobierno contabilizó una deuda externa pública de $9,250.1 millones, $137.9 millones más que en 2020 ($9,112.2 millones), unos $7,224 millones más que en 2007 ($7,224).
En 2005, después de una intensa campaña realizada por los Gobiernos de Carlos Flores y Ricardo Maduro (con apoyo internacional) lograron la condonación del 60% de la deuda externa pública que en ese momento ascendía a unos $5,000 millones contratada con organismos de crédito y países amigos.
Al igual que la deuda externa, disparada exorbitantemente, la interna pública a noviembre, de acuerdo con el BCH, ascendió a L180,176.6 millones (más de $7,500 millones). De esa suma, el Gobierno les debe L52,435.1 a las instituciones del sistema financiero privado del país.
El pasado 27 de enero, al tomar posesión como presidenta, Castro denunció ante la comunidad nacional e internacional que “el Estado de Honduras ha sido hundido en estos últimos doce años” y aseguró que lo recibía “en bancarrota”.
“Mi Gobierno no continuará la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. Tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje”, expresó la mandataria.
Durante su discurso explicó que en “el período de 2009 a 2022, ha sido tan alto el endeudamiento, el pago de los intereses y el pago del capital que en este momento consume el 50% de los ingresos del Presupuesto General de la República”.
“Después de 12 años de dictadura subió el saldo de la deuda interna de L20,000 millones a L179,000 millones, 700%. El saldo de la deuda externa, de L37,000 millones subió a L157,000 millones, 319%. Con estas cifras es evidente que el Estado no tiene capacidad para sostener la estruendosa y bochornosa deuda que nos están heredando. Es prácticamente imposible cumplir con los vencimientos de la deuda”, dijo.
Luego manifestó que para honrar la deuda y mantener las finanzas públicas a flote “la única forma es un proceso de reestructuración integral mediante un acuerdo con los acreedores privados y públicos”.
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), considera que el nuevo Gobierno puede lograr acuerdos con organismos internacionales de crédito y entidades financieras de Honduras para renegociar la deuda; pero antes “debe realizar una reingeniería de la deuda”.
“El nuevo Gobierno debe hacer una auditoría forense y una reingeniería de la deuda, porque no toda la deuda tiene un retorno socioeconómico, una parte se perdió en la corrupción”, dijo.
Esta auditoría forense les permitirá a las nuevas autoridades, plantea Zepeda, descubrir la deuda odiosa o deuda execrable, la pactada por Gobiernos anteriores en detrimento de los intereses de la sociedad, “como la deuda del Trans 450” de Tegucigalpa, proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que la Municipalidad (capitalina) nunca terminó.
“La deuda odiosa afectó a Grecia y países de Sudamérica.Es una deuda que los países no deben pagar porque no ha beneficiado a la población”, dijo.
“En Honduras, el pago de servicio de la deuda se ha convertido en la principal línea de egresos”.
Lo doctrina de la deuda odiosa, teorizada por el extinto jurista internacional Alexander Nahum Sack, plantea que una obligación financiera de un Estado se torna en deuda injusta cuando los recursos económicos recibidos por un Gobierno no benefician a la población, sino a los dirigentes y personas cercanas al poder, en complicidad con las entidades acreedoras.
Además de la corrupción, que drena más de L50,000 millones al año, el crecimiento de la estructura burocrática ha obligado al Gobierno a contraer más deuda para sostener todo el aparato público.
“El Presupuesto General de la República pasó de unos L145,000 millones (2012) a más de L300,000 en 2022”, dijo Zepeda.
Según el BCH, al cierre de diciembre de 2021, las nuevas contrataciones de deuda externa negociadas por el sector público ascendieron a $1,070.8 millones, “88.4% ($946.4 millones) concertados por el Gobierno; de estos, $656.6 millones adquiridos para proyectos y programas y $289.8 millones para apoyo presupuestario; la autoridad monetaria adquirió pasivos por $124.4 millones para apoyo a balanza de pagos”.
A juicio del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), la negociación de la deuda externa “es urgente” para que el nuevo Gobierno tenga capacidad para invertir en desarrollo humano.
“La readecuación o renegociación es urgente. El Gobierno anterior negoció deuda a mediano plazo y a tasas de interés muy altas, de 8%, bonos soberanos a 10 años.
El Gobierno no puede seguir con esa carga”, dijo Ángel Jiménez, presidente del CHE en el noroccidente.
Jiménez considera que la administración de Zelaya debe solicitar ayuda a los organismos multilaterales con el fin de encontrar las vías que permitan alcanzar una deuda de largo plazo, de 20 y 30 años, con tasas de interés máximas de 2%.
“Eso aliviaría la carga financiera y liberaría recursos para invertir en desarrollo.
Después de la condonación de la deuda, Honduras dejó de ser sujeto de crédito por ser un mal cliente, por no pagar; pero lanzaron al país a los brazos de los especuladores financieros”, puntualizó Jiménez.
