Fiscales investigarán millones adjudicados a asistentes de Isis Cuéllar
Tras denuncia de LA PRENSA Premium, MP no descarta ampliar o abrir más líneas de investigación en presunto acto de corrupción, con fondos obtenidos a través de la SIT
- 14 de julio de 2025 a las 23:15 /
San Pedro Sula, Honduras.
El escándalo por presuntos actos de corrupción ligados a redes de beneficiarios del Gobierno en el occidente del país continúa escalando en el marco de una serie de denuncias publicas por LA PRENSA Premium.
Esta vez, la lupa está puesta sobre la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que en 2024 adjudicó más de 2.5 millones de lempiras a dos personas cercanas a la diputada, ahora suspendida, Isis Cuéllar, quien ya enfrenta cuestionamientos por aparentes irregularidades en el manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Las favorecidas son Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente directa de Cuéllar; e Iris Paola Pérez Moreno, su cuñada. Ambas fueron beneficiadas, junto a otras personas, con contratos de limpieza de carreteras en Copán, a pesar de haberse presentado como personas vulnerables ante Sedesol y de no contar con experiencia técnica comprobada en el rubro.
Documentos oficiales revelan que Baquedano recibió 1.25 millones de lempiras para intervenir 93.97 kilómetros de derecho de vía en la carretera CA-4 y rutas secundarias, mientras que Pérez Moreno obtuvo un contrato por el mismo monto para limpieza en un total de 104.42 kilómetros.
Ambos procesos fueron desarrollados bajo la modalidad de contratación directa, algo permitido legalmente para compras menores, pero que ha levantado serias dudas por el conflicto de interés y la cuestionada idoneidad de las contratistas.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, indicó que la denuncia publicada por LA PRENSA Premium ya fue enviada a los fiscales y se espera que la siguiente semana pueda ser analizado su contenido, para así determinar si es útil para la investigación en curso.
"Son los fiscales quienes tienen la competencia para decidir si amerita abrir una línea de investigación”, explicó. Mora agregó que, este tipo de casos, conocidos por medios de comunicación, se documentan debidamente y luego se remiten a la Fiscalía.
Indicó que, de momento, únicamente el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, e Isis Cuéllar, son las personas investigadas, mientras que el resto que apareció en un listado como beneficiarios para supuestos emprendimientos y reparación de casas, están bajo la categoría de personas de interés.
"En este caso será necesario profundizar en cuanto a la información, pues cada uno es particular. Son nuestros fiscales quienes, tras revisar los elementos, determinarán hasta dónde se debe profundizar, qué vínculo tienen estas personas de interés y cómo se puede asumir el caso”, puntualizó.
Al respecto, Leonardo Pineda, miembro de la sociedad civil en San Pedro Sula y analista en seguridad pública, aseguró que, "definitivamente es un esquema de corrupción, no hay que ponerle otro nombre, esas no son ayudas sociales, esto ya quedó más que demostrado".
Pineda pormenorizó que no se trata de solamente Isis Cuéllar, "ella tiene una red completa para drenar fondos, obviamente estas personas muy cercanas son parte de esa red, así como lo son otros que fueron denunciados en su momento".
El experto no considera que sean los sistemas estatales los que fallen, pero el asunto es que "el sistema puede funcionar, pero si la persona que tiene el control no quiere aplicar la ley, no lo hará. Cualquiera que haya trabajado con fondos del Estado saber que hay cosas que no se pueden hacer, pero esta gente lo hizo".
Calificó esta actividad y entramado como "un esquema de corrupción viejo y arcaico", donde sus métodos son fáciles de comprobar. Los retos ahora pasan por determinar quiénes recibieron los fondos, quiénes realmente estaban en condición de vulnerabilidad y hacer los requerimientos necesarios.
La investigación de LA PRENSA Premium sobre Pérez Moreno y Vaquedano desnuda cómo ambas no estaban en condición de vulnerabilidad, sino más bien, son parte de una práctica clientelar, donde al mantenerse a una base contenta y con dinero, en el peor de los casos, se fragua un esquema de corrupción que implica una gran red.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó a este rotativo que se inició una investigación especial sobre un supuesto uso indebido de fondos, la cual se encuentra en curso. Su departamento de Comunicaciones especificó que esperarán hasta que se emita el informe para afirmar algún extremo.
Aunque el TSC puede, por ley, investigar estos casos, es para diversos analistas, un ente político, lo que debilita su confianza, por los que si el Ministerio Público decide indagar este caso, tendrá que ampliar la investigación.
Entre los delitos en los cuales podrían incurrir están abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios y acciones de índole administrativo.
Misma dinámica
Otro de los casos con similitud al modus operandi de las dos anteriores es el de Eder Juvenal Argueta, a quien se le adjudicó, como mipyme, el 14 de noviembre del año pasado, un contrato de limpieza de derecho de vía por 999,564.96 lempiras, para intervenir en 84.33 kilómetros. Esto quedó consignado a través del oficio No. SIT- DSE-2305-2024, y al cual se tuvo acceso.
Este proyecto consistía en realizar trabajos en la ruta 39 de Gualaco - San Esteban (desde km 25+200 hasta km 41+260), que comprende el tramo desde el desvío El Barrero hasta el puente sobre el río Tonjagua en San Esteban, con una longitud de 16.06 km; ruta 39 de San Esteban - Santa María del Carbón, con una longitud de 42.17 km; y ruta 39 de Santa María del Carbón hasta el límite departamental Olancho/Colón, con una longitud de 26.10 km.
Los cuestionamientos contra Argueta son porque, además de figurar como regidor en la corporación municipal de San Esteban, le fue adjudicado este proyecto con un monto cercano a un millón de lempiras.
Por otro lado, en una acta municipal registrada como #256 del 24 de junio de 2024, donde estuvieron presentes el alcalde, el vicealcalde y los regidores, incluido Eber Juvenal Argueta Acosta (II regidor), se aprobó por unanimidad la autorización para la compra de un patrol y la firma de contratos y traspasos presupuestarios relacionados con obras públicas en San Esteban, por un valor total de más de 4 millones de lempiras.
Entre las decisiones tomadas en esa sesión se encuentran obras viales, compra de maquinaria, mejoras en alcantarillado y adoquinado, así como ampliaciones presupuestarias para atender emergencias viales.
La coincidencia de que un regidor que participa en la aprobación de presupuestos y contratos municipales sea también beneficiario directo de contratos públicos, plantea una situación de posible conflicto de intereses y vulnerabilidad en los procesos de transparencia y ética pública.
Aunque el contrato de Argueta fue emitido desde una dependencia central (SIT) y la ampliación presupuestaria fue local (municipal), ambos fondos se enfocaron en la misma red vial afectada por emergencias, donde la participación de Argueta como regidor y contratista al mismo tiempo representó un aparente conflicto de interés.
Los documentos no evidencian que se haya realizado una evaluación o control independiente para evitar conflictos ni se indica que haya mecanismos para asegurar la separación entre funciones de gobierno y beneficio económico personal.
En esta misma línea, durante el mes de noviembre de 2024, la Secretaría de Infraestructura y Transporte adjudicó, en el oficio No.SIT-DSE-2318-2024, un contrato por servicios de limpieza de derecho de vía a Jaime Joel Vega Rosales, quien vive en el municipio de Olanchito, Yoro, es comunicador, miembro del Partido Libertad y Refundación y empleado gubernamental.
El proyecto comprendía más de 89 kilómetros distribuidos en distintos tramos de la ruta 23 desde el puente de San Marcos hasta el límite departamental entre Yoro y Colón. La adjudicación, sin embargo, presentó una anomalía, el proveedor aún no contaba con registro oficial en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae) al momento de recibir el contrato.
Documentos revisados muestran que Vega Rosales obtuvo su constancia de Oncae en fecha 10 de diciembre de 2024, es decir, al menos varias semanas después de que se le entregara el contrato.
Según la Ley de Contratación del Estado, es requisito que todo proveedor esté debidamente inscrito en Oncae antes de poder firmar contratos con el Estado. Esto levanta serias dudas sobre la legalidad del proceso y la responsabilidad de los funcionarios que lo avalaron.
El caso plantea otras interrogantes sobre la capacidad técnica del proveedor. Vega Rosales figura como persona natural en el registro Oncae, y aunque está inscrito en el rubro de bienes y servicios, específicamente en “servicios de limpieza y corte”, no hay evidencia de que cuente con maquinaria, personal capacitado o experiencia previa para operar en trabajos de mantenimiento vial.
Omar García, especialista en gobernabilidad y transparencia, fue claro al mencionar que “hoy tenemos este escándalo, antes teníamos otro, los parientes de quienes están en los gobiernos de turno hacen lo mismo, por eso hay que establecer una ley anti-nepotismo a partir del 2026, sino las Isis Cuéllar se estarán repitiendo”.
En su análisis continuó explicando que en estos casos se observa redes de corrupción estrechas y con familiares involucrados que construyen redes para cobrar fondos públicos.
Sobre los sistemas de verificación del Estado, García recomendó instalar la ley de anti-nepotismo dentro del sistema informático gubernamental, con un control donde al ingresar el número de identidad, el sistema automáticamente dé los vínculos familiares.
"Cuando vemos los salarios de todas estas personas y se suma todo ese montón de plata, encontramos que una familia está drenando millones de lempiras, el caso de Isis Cuéllar es la punta del iceberg", sostuvo.
También advirtió que esta situación es insostenible, pues “uno empieza a mirar a personas de menos de 30 años recibiendo enormes cantidades de dinero por cuestiones que no corresponden, y no puede construirse un país así".
Insistió en que no basta con imponer penas de cárcel, ya que muchos salen libres con el dinero intacto, por ello la urgencia de aplicar sancionesseveras, incluyendo la expropiación de los bienes obtenidos ilícitamente.
Sobre el papel de las instituciones, expresó su preocupación por el actual marco legal, al considerar que el Código Penal vigente termina protegiendo a quienes cometen este tipo de delitos.
Muchas de estas personas podrían quedar impunes, pues las investigaciones suelen dilatarse por años y, en muchos casos, terminan archivadas sin llegar a juicio. Sin reformas legales profundas, casos como el de Isis Cuéllar y los beneficiarios seguirán replicándose.
Este medio de comunicación contactó al ministro de la SIT, Octavio Pineda, para conocer su versión de los hechos, ya que todas las adjudicaciones estaban firmadas por él.
“Voy a averiguar a detalle y les comunico. Lo que pasó en Sedesol no puedo opinar porque lo desconozco, pero sobre lo de la SIT, denme un espacio de tiempo y con gusto les envío información”, respondió el funcionario mediante mensajes de WhatsApp. Al cierre de esta edicicón no se había obtenido una respuesta.
