Comunicador de Olanchito recibió contrato estatal sin registro oficial en Oncae
Jaime Joel Vega Rosales obtuvo un contrato por limpieza en 2024, pese a que su inscripción oficial en la ONCAE se completó semanas después
- 15 de julio de 2025 a las 11:50 /
Durante el mes de noviembre de 2024, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) adjudicó un contrato por servicios de limpieza de derecho de vía a Jaime Joel Vega Rosales, quien vive en el municipio de Olanchito, Yoro, es comunicador, miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y empleado gubernamental.
Así lo constató LA PRENSA Premium a través del oficio No.SIT-DSE-2318-2024.
El proyecto comprendía más de 89 kilómetros distribuidos en distintos tramos de la ruta 23 desde el puente de San Marcos hasta el límite departamental entre Yoro y Colón.
La adjudicación, sin embargo, presentó una anomalía, el proveedor aún no contaba con registro oficial en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae) al momento de recibir el contrato.
Documentos en poder de LA PRENSA Premium muestran que Vega Rosales obtuvo su constancia de Oncae en fecha 10 de diciembre de 2024, es decir, al menos varias semanas después de que se le entregara el contrato.
Según la Ley de Contratación del Estado, es requisito que todo proveedor esté debidamente inscrito en Oncae antes de poder firmar contratos con el Estado. Esto levanta serias dudas sobre la legalidad del proceso y la responsabilidad de los funcionarios que lo avalaron.
El caso plantea otras interrogantes sobre la capacidad técnica del proveedor. Vega Rosales figura como persona natural en el registro Oncae, y aunque está inscrito en el rubro de bienes y servicios, específicamente en “servicios de limpieza y corte”, no hay evidencia de que cuente con maquinaria, personal capacitado o experiencia previa para operar en trabajos de mantenimiento vial.
Otros casos
La corrupción en la administración pública de Honduras sigue siendo uno de los mayores retos para garantizar el uso transparente de los recursos del Estado.
Durante las últimas semanas ha quedado comprobado cómo se repiten esquemas donde funcionarios, contratistas y operadores políticos se aprovechan de vacíos legales, falta de controles y redes de influencia para desviar fondos destinados a obras y programas sociales.
Este patrón quedó evidenciado en el caso de Sedesol, en el que la diputada Isis Cuéllar gestionó fondos para beneficiar a allegados, incluidos familiares y activistas sin condiciones de vulnerabilidad.
La filtración de audios y documentos oficiales expuso cómo los fondos se distribuyeron de forma discrecional, reactivando las críticas sobre el uso político de programas sociales y la urgente necesidad de controles más estrictos.
Además, el caso del regidor de San Esteban, Olancho, Eder Juvenal Argueta, quien recibió un contrato estatal de alrededor de un millón de lempiras mientras participaba en la aprobación de obras municipales, refleja el mismo patrón que se ha mantenido en los funcionarios.
Este medio de comunicación contactó al ministro de la SIT, Octavio Pineda, para conocer su versión de los hechos, ya que todas las adjudicaciones estaban firmadas por él.
“Voy a averiguar a detalle y les comunico. Lo que pasó en Sedesol no puedo opinar porque lo desconozco, pero sobre lo de la SIT, denme un espacio de tiempo y con gusto les envío información”, respondió el funcionario mediante mensajes de WhatsApp. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.
