Es tan fuerte la capacidad de infiltrarse tanto en el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que ninguno de sus integrantes está inmunizado y a salvo de sucumbir ante el poder del narcotráfico y otras fuerzas que corrompen a funcionarios, diputados, oficiales militares y policiales, además de debilitar seriamente la institucionalidad, socavando progresivamente el sistema democrático, cada vez más expuesto a embates por parte del crimen organizado.
Las redes existentes de corrupción están intactas, gozando de buena salud, conservando aliados en distintos niveles e instancias del Estado. Su desmantelamiento y enjuiciamiento debe estar coordinado por el Ministerio Público, Procuraduría General, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, con la requerida investigación exhaustiva, el acopio de pruebas, sin pérdida de tiempo.
El hecho que el Fiscal General ha emitido requerimiento fiscal y orden de captura contra los cabecillas en el desvío de fondos para fines político partidarios y personales, por parte de la diputada del departamento de Copán, Isis Cuéllar, y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, es un paso en la dirección correcta.
No obstante, el abogado penalista Félix Ávila advierte que el Ministerio Público “dejó transcurrir varios meses antes de interponer requerimiento fiscal, lo que podría debilitar el caso”, resultando en la exoneración de cargos en contra de los hoy imputados y sus cómplices.
Otro grave caso de corrupción que espera sobre el escritorio del Fiscal es la supuesta negociación entablada por el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya y narcotraficantes a efecto que estos donaran cantidades millonarias tanto para la campaña electoral de Libre y “la mitad para el comandante”.
Algo similar ocurre con el asesinato de ambientalistas, habiéndose acusado a los autores materiales de tales hechos, no así a los autores intelectuales, aquellos que planificaron y pagaron a los sicarios para la ejecución de quienes denuncian, a riesgo de sus vidas, el modelo extractivista de los recursos naturales que depreda y contamina bosques, suelos, atmósfera y, consiguientemente, la salud de los pobladores.
El nombramiento del jurista Dagoberto Aspra al frente de la Procuraduría General de la República es una acertada medida, por ser un profesional con amplia experiencia cuando laboró en el Consejo Nacional Anticorrupción y en la práctica privada. Él ha prometido, y así lo espera la ciudadanía, que entablará lucha frontal, firme y pronta, contra los que incurren en actos delictivos en perjuicio del erario, ocultando sus ilícitos mediante el lavado de activos.
Ha anunciado el diseño de una Estrategia Nacional Anticorrupción, ley de cumplimiento ante el soborno, una nueva legislación de contratación del Estado, el facilitar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), medidas que cuentan con el total respaldo del presidente Asfura, por haber sido incorporadas como promesas de campaña, que hoy esperamos se conviertan en realidades.
