¿Y la austeridad?: Piden al Gobierno de Honduras recortar gastos

TEGUCIGALPA.

La crisis económica y sanitaria provocada por el covid-19 ha acestado duros golpes en los ingresos de miles de familias hondureñas que viven de sus trabajos en los sectores formal e informal de la economía.

Una masa de más de 300,000 han perdido sus empleos porque han sido despedidos y otros están suspendidos. Y al calvario se suman quienes han tenido que cerrar sus negocios porque sucumbieron con pérdidas irrecuperables.

Cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) indican que a finales de junio el número de empresas que han cerrado de manera temporal suman ya 862, afectando a más de 125,000 empleados que han sido suspendidos y dejado de percibir sus ingresos.

300,000 trabajadores perdieron sus empleos, según las cifras que proporcionó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a final des de mayo de 2020.

Además, la crisis económica ha provocado una caída en los ingresos del Estado. La Secretaría de Finanzas (Sefin) reporta que al 31 de mayo la recaudación de impuestos se redujo 21.9% (L9,667.7 millones) de lo que se tenía previsto recaudar en el Presupuesto General de la República. Entre enero y mayo los ingresos corrientes ascendieron a L36,177.5 millones.

De ese presupuesto se sostiene el pago de L3,500 millones mensuales para unos 236,000 servidores públicos.

Los agrios escenarios han causado que distintos sectores de la sociedad pidan a Sefin medidas de austeridad en el gasto público. Entre estas se destaca la de reducir los salarios de altos funcionarios públicos.

3,500 millones de lempiras es el gasto mensual para el pago de la planilla de los servidores públicos.

Una revisión a los salarios de 23 funcionarios que están entre los mejor pagados en la administración pública, con remuneraciones que oscilan entre los L101,000 hasta los L252,000, resulta en el gasto de L3.1 millones de lempiras mensuales.

De las instituciones analizadas, nueve no tenían las planillas actualizadas al mes de mayo en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

En casi todos los casos la actualización llega al mes de febrero, excepto por el Tribunal Supremo Electoral que incluye hasta marzo (esto quizá por la desaparición de esa institución en favor del Consejo Nacional Electoral).

Sector público Según cifras del Ministerio del Trabajo, en junio el Estado pagó el decimocuarto mes a más de 236,000 servidores públicos.

En el caso del Congreso Nacional, no ha publicado ninguna planilla en lo que va de 2020.

De los salarios de los 23 funcionarios, cinco (17%) habían recibido de hecho un aumento salarial, pero la mayoría de ellos (61%) ha mantenido sin cambios su salario en 2020.

Solo tres funcionarios tuvieron una reducción salarial, de acuerdo con los datos publicados por el IAIP.

Esos salarios de estos 23 funcionarios que están entre los mejor pagados representan mensualmente unos L3,192,000, una cifra que queda corta, señalan economistas, ante los retos de la administración pública para bajar gastos.

Llamado a la austeridad

Sectores privados y de la sociedad civil han propuesto que se reduzca el 50% el salario de los empleados públicos que devenguen más de L75,000 mensuales como medida de austeridad en apoyo a los hondureños afectados.

Los fondos así ahorrados podrán ser redestinados a fortalecer el sistema de salud y atender a más hondureños en los hospitales.

El Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) concuerda con esta propuesta, pero plantea otra fórmula.

Ismael Zepeda, analista del Fosdeh, le dijo a LA PRENSA que se debe exigir al Gobierno que haga un sacrificio para hacer más eficiente el gasto y para compensar la caída de los ingresos tributarios.

“Es egoísta agarrar de la deuda pública para pagar sueldos y salarios es algo que en estos momentos de pandemia demuestra el egoísmo de parte del Gobierno”, dijo.

Entre las propuestas planteadas a LA PRENSA figura la de suspender temporalmente a empleados no esenciales, como los asesores, que no están haciendo mucho durante la pandemia, o bien instituciones que no están enfocadas en la crisis.

En cuanto a lo de sueldos y salarios, la propuesta debe ser proporcional. Para los rangos entre L200,000 y L300,000 se debería reducir un 60%; de L100,000 a L200,000 un 50%.

Los que ganan entre L50,000 y L100,000 un 25% de reducción, plantea el economista.

Zepeda señala que para los burócratas que ganan bajos salarios sería una grosería rebajarles el sueldo, y que estos deberían mantenerse iguales.

Otro punto señalado por el analista es que, para el partido en el Gobierno, alterar la masa burocrática es un riesgo político frente a las próximas elecciones y esto puede afectar al partido en un futuro.

También opina que no solo los funcionarios del Poder Ejecutivo deben hacer un sacrificio, sino también los diputados, que ganan mensualmente más de L90,000.

Luis Guifarro, presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), dijo que el Gobierno debe reorientar el presupuesto y hacer asignaciones más prioritarias dirigiendo los recursos a combatir la pandemia como los de salud, o a dar apoyo como alimentos y algún subsidio que pueda dar el Estado a quienes han perdido su fuente de ingresos.

“Es oportuno que el Gobierno revise la escala estructural salarial, porque muchos sectores de opinión son del criterio que hay niveles de salarios muy altos”, expresó Guifarro. Señaló además que a través de la política de endeudamiento se debe apoyar a los afectados y flexibilizar los requisitos del acceso al crédito para apoyar a las empresas.

Hugo Noé Pino, expresidente el Banco Central de Honduras (BCH) y exministro de Finanzas, dice que la petición de la reducción de los salarios altos es justa, dado a que todos los sectores están haciendo un sacrificio en la emergencia sanitaria que se enfrenta.

“Llama la atención que esta medida no ha venido del Gobierno como acto de solidaridad hacia el sufrimiento de la mayoría de la población”.

Pino, un economista del opositor partido Libertad y Refundación, señaló que es económicamente posible que el Estado pueda seguir pagando salarios a pesar de la caída de tributos si se parte de la base que el Gobierno se está endeudando de tal forma que le cubra la caída de sus ingresos.

“El problema será en el futuro cercano, dado que la deuda alcanzará cerca del 60% del PIB y cerca del 30% del presupuesto del Gobierno se destinará al servicio de la deuda anualmente. En otras palabras, se resuelve el problema ahora, pero se crea uno complicado para el futuro”, advirtió Pino.

Propuesta no es viable

La ministra Rocío Tábora, titular de Sefin, dijo a LA PRENSA que en lo que se refiere a la masa salarial, hay leyes laborales que no permiten hacer un recorte. Tábora dijo que actualmente el gran peso de la masa de salarios se concentra en los sectores de Educación, Salud, Seguridad y Defensa, que son los que están frente a la pandemia, por lo que reducir los salarios a estos grupos no es una opción.

“Estudiamos otras medidas, hemos hecho un proceso de contención del gasto porque la ley nos autoriza a contenerlo y las instituciones se deben adaptar a la nueva realidad”, dijo.

Ejemplo internacional: