Nuestro colega capitalino, diario El Heraldo, mediante exhaustivas investigaciones de su unidad Plus, está revelando otro ejemplo de alta corrupción, impunidad y secretividad que involucra tanto a civiles como a uniformados -militares y policías- en redes corruptas que han aprovechado sus altos cargos para el enriquecimiento instantáneo.
En el diseño y puesta en práctica de esta modalidad corrupta han participado el Congreso Nacional al aprobar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional, más conocida como “ley de secretos”, blindaje legal para facilitar el manejo de este impuesto pagado por la población, supuestamente para financiar y garantizar su protección ante los embates de la criminalidad.
A continuación, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creado por el Ejecutivo, inició el manejo de cuantiosas sumas, canalizándolas a discreción de su cúpula hacia las Secretarías de Seguridad, Defensa, Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección de Migración, Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid) y hasta organizaciones religiosas, incluyendo el pago de bonificaciones, obsequios, aguinaldos, vía el Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional, a partir del gobierno del presidente Porfirio Lobo (2010-2014). Si bien la actual administración presidida por la gobernante doña Xiomara Castro eliminó el fideicomiso y derogó la Ley de Secretos, la recaudación del impuesto ha continuado ininterrumpidamente, exenta de la necesaria transparencia y rendimiento de cuentas. Para tener una idea cuantitativa de los cuantiosos fondos recaudados, durante el actual régimen han ingresado, entre el 2022-2025, L16,133 millones, según análisis del Consejo Nacional Anticorrupción.
De nueva cuenta ha sido necesario que el Gobierno estadounidense investigara al empresario de esa nacionalidad Carl Alan Zaglin, quien admitió haber sobornado a dos hondureños para que estos le otorgaran la compra de uniformes por cantidades millonarias.
Diversas conclusiones se derivan de este sórdido caso: los tres poderes estatales y políticos del partido entonces al frente de los destinos nacionales se involucraron en el mismo, tanto en lo legal como en lo operativo, con total discrecionalidad respecto a la manipulación de los fondos, con el correspondiente blindaje para garantizar su impunidad.
Las pruebas fehacientes que los involucran debieron ser conocidos detalladamente fuera de Honduras, lo que revela la recíproca complicidad de los autores intelectuales y materiales, repartiendo prebendas personales e institucionales para forjar alianzas de mutuo provecho.
