La guerra -ya de carácter regional- que afecta a distintos países del Medio Oriente, particularmente Irán y Líbano, ya está provocando repercusiones tanto de carácter geopolítico como de naturaleza económica, de imprevisibles desenlaces en el corto y mediano plazo, en la medida que el conflicto bélico se prolongue en cobertura e intensidad, con resultados trágicos en vidas como en daños materiales.
El barril de petróleo ya alcanza $100, con posibilidad de que continúe al alza, pese a que Estados Unidos y otras naciones han liberado en el mercado parte de sus reservas estratégicas del “oro negro”, en un intento por controlar el precio a nivel global.
La actual crisis ya es de mayor intensidad que la ocurrida en 1973, cuando los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep) decretaron el incremento en el precio de su principal producto exportador en torno al cual dependen sus ingresos.
Los diversos subproductos, entre ellos, plásticos y fertilizantes, también experimentarán incrementos, con ello provocando un efecto dominó y alza en la tasa de inflación. El Gobierno hondureño debe implementar, a la brevedad, medidas de emergencia para amortiguar en lo posible los impactos resultantes, con un sentido de máxima urgencia.
La prohibición de encender equipos de aire acondicionado tanto en las oficinas públicas como en los vehículos estatales, la regulación del tráfico vehicular diario conforme a la numeración de sus placas (par o impar), asegurándose de que las luces de las dependencias gubernamentales queden apagadas una vez concluida la jornada laboral. La empresa privada debe, por su parte, complementar estas disposiciones oficiales.
Ignorándose cuán prolongada será la guerra en curso, las medidas de control y ahorro deben ser aplicadas hoy mismo, sin dilaciones. Su gravedad no debe ser ni ignorada ni subestimada.
Siendo como somos un país pobre carente de petróleo ni en nuestro territorio ni en nuestras aguas jurisdiccionales, el ahorro y la austeridad deben constituir la regla, no la excepción. Debemos tomar conciencia de la magnitud de la presente crisis tanto los gobernantes como los gobernados.
Tanto ellos como nosotros sentiremos el impacto en las finanzas y nuestros presupuestos. De allí que las medidas -por parte del Gobierno, la empresa privada y la ciudadanía- no deben esperar más.
