Tanto en el litoral Caribe -departamentos de Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Atlántida y Colón- como en la zona sur -Choluteca y Valle-, además de la zona oriental -Olancho-, el narcotráfico adquiere territorios mediante amenazas, despojos y compras.
Las comunidades garífunas ven crecientemente ocupadas sus tierras ancestrales por bandas armadas que secuestran y asesinan a dirigentes comunales, sin que sus movilizaciones de protesta encuentren receptividad por parte de las autoridades, que no ejecutan las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Justicia, de cumplimiento obligatorio para los países que han suscrito y ratificado su adhesión a este ente jurídico supranacional.
Pequeños y medianos propietarios de tierras que, con la intensa y prolongada sequía, han perdido cosechas y ganado, o bien han visto invadidas sus heredades o adquiridas a precios irrisorios por parte de bandas armadas instrumentalizadas por los capos del narcotráfico, hondureños con nexos comerciales con Guatemala, México y Colombia.
Pistas de aterrizaje se continúan construyendo en el nororiente, desafiando con ello la soberanía y jurisdicción del Estado hondureño en tierra continental e insular, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Nuestra Constitución Política, en el artículo 12, así lo consigna. No obstante, la realidad es que la soberanía nacional se reduce crecientemente y es desafiada impunemente.
Las Fuerzas Armadas logran realizar decomisos parciales de estupefacientes, al igual que la erradicación de plantaciones de coca y marihuana, pero no cuentan con la suficiente y adecuada logística -radares, embarcaciones y aeroplanos- para una cobertura más amplia, tanto en patrullajes como en capturas, ni con servicios de contrainteligencia debidamente capacitados.
Una creciente cantidad de drogas queda en Honduras para el consumo interno de miles de adictos de distintas edades y condiciones socioeconómicas, lo que significa un atentado contra la salud privada y pública.
El poder de infiltración del narcotráfico penetra en los poderes Legislativo y Judicial, la Policía, las alcaldías y sectores empresariales dispuestos a cooperar en el lavado de activos, lo que deja en evidencia el crecimiento impune de redes criminales con capacidad de adaptación a las esporádicas acciones de intercepción por parte de agencias estatales, al contar con previas advertencias de espías incrustados en los cuerpos de seguridad.
En la lucha contra el narcotráfico por parte de compatriotas valientes e incorruptibles, que actúan en función de la defensa de la nación y sus intereses, han sucumbido uniformados -militares y policías-, jueces y fiscales, sacrificando sus vidas en el cumplimiento del deber y dando un valiente ejemplo de integridad.
Con ellos y sus familiares, la patria contrae una deuda imprescriptible que debe ser honrada a cabalidad. Y la mejor manera de honrarla es continuar en tan heroica misión preventiva y represiva en contra del crimen organizado, sin jamás claudicar ni ceder ante los reiterados intentos de ignorar la captura del Estado, lo que pone en peligro inminente la existencia misma de la nación hondureña.
