Debió haber sido aprobado a más tardar el 31 de diciembre de 2025. La no convocatoria al pleno del Congreso Nacional lo impidió, por arbitraria decisión del entonces titular del Legislativo.
El proyecto presentado por el Ejecutivo para su análisis y aprobación ha sido estudiado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), a efecto de que sea conocido por la ciudadanía en aras de la debida transparencia y participación colectiva.
Son estas algunas de sus observaciones: pese a que ha sido reducido en L39,000 millones respecto al de 2025 excede las capacidades reales de financiamiento y sostenibilidad de la economía nacional.
La recaudación tributaria: el 66% del Presupuesto de la Administración Central dependerá de los ingresos tributarios, que en un 47% provienen de impuestos al consumo, producción y ventas, el Impuesto sobre la Renta alcanza el 32%, servicios y actividades 14%, a las importaciones apenas el 5%, concluyendo que “el esfuerzo fiscal recae sobre la clase media y los sectores de menos ingresos, profundizando una práctica fiscal históricamente regresiva que (...) incrementa la carga tributaria sobre la población en condición de pobreza”.
La alta dependencia de donaciones y apoyo presupuestario genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de los recursos.
La deuda externa e interna representa el 28% de los ingresos totales más las donaciones, alcanzando el 31% de los ingresos estimados de la Administración Central, por lo que se financia en 69% de ingresos tributarios.
El Poder Ejecutivo concentra la mayor parte de los recursos públicos, proyectándose para este año que ejecute el 97.9% del proyecto de presupuesto de la Administración Central, evidenciando un desequilibrio en la asignación de recursos entre los poderes del Estado, limitando el funcionamiento del Judicial y Legislativo, debilitando los mecanismos de control, equilibrio institucional y rendimiento de cuentas.
El mayor incremento por grupo de gasto en la Administración Central para 2026 se registra en sueldos y salarios en cerca del 32%.
El servicio de la deuda aumenta 13%, absorbiendo cerca del 32% de su presupuesto. El servicio de la deuda pública concentra aproximadamente 25% del presupuesto. Estos dos componentes presionan las finanzas públicas, reduciendo el margen para la inversión.
El cálculo de las transferencias presupuestarias presenta diversidad metodológica, incidiendo en los montos asignados, generando desequilibrios presupuestarios, limitando el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
La alta rigidez presupuestaria: para 2026 se estima que 87% del presupuesto de la Administración Central ya se encuentra comprometido, reduciendo la capacidad estatal para reasignar recursos y atender las demandas prioritarias de la población.
El Fosdeh recomienda la auditoría forense de la deuda. Las exoneraciones fiscales debilitan la capacidad de recaudación del Estado, deben mantenerse únicamente aquellas que demuestren un impacto económico y social comprobado.
Implementar acciones firmes para evitar la evasión y elusión fiscal a fin de ampliar la base tributaria, mejorar la equidad del sistema fiscal, fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
