Una de las tantas recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación -muchas de las cuales aún faltan ser incorporadas a nuestra legislación- fue incluir la figura jurídica del juicio político a la Constitución Política, lo cual fue plasmado en el artículo 234, abarcando a servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando existan suficientes causales para promoverlo, respondiendo a denuncias graves en el desempeño del cargo, realizar actuaciones contrarias a la Ley Fundamental o al interés nacional, manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de sus funciones.
El haber logrado alcanzar 93 votos en el seno del Poder Legislativo -siete votos más de los requeridos para su aprobación- revela el amplio consenso favorable a tan trascendental iniciativa. Consecuentemente, Johel Zelaya, suspendido de la titularidad del Ministerio Público, ha comparecido ante la Comisión Especial nombrada por el Legislativo para exponer su versión ante las graves acusaciones en su contra, con el inalienable derecho a su defensa.
Corresponde a la Comisión Especial, integrada por nueve diputados, el análisis de las diversas causales que permiten entablar el juicio político tanto a Zelaya como otros altos funcionarios de la anterior administración.
Debe recordarse que en 2007 se aprobó reforma constitucional mediante la cual se elevó a rango constitucional la Fiscalía General de la república.Desde su nombramiento, el abogado Zelaya demostró manifiestamente una actuación prooficialista, en apoyo al régimen que presidió los destinos del país durante cuatro años, culminando con sus diversos intentos por impedir que el pueblo hondureño decidiera el 2025, libre y transparentemente, sin coacciones, su derecho a elegir a las personas, en el nivel Ejecutivo y Legislativo, que reemplazarían a las incumbentes.
Intervenciones, coacciones, falsas acusaciones, intentos de arresto a las dos damas integrantes del Consejo Nacional Electoral, una de ellas presidiendo tal institución, fueron parte de su estrategia obstruccionista. Así, su parcialismo quebrantó el principio de igualdad ante la ley, fundamento esencial de la juridicidad, faltando al irrenunciable deber de actuar, en todo momento y circunstancia, con absoluta imparcialidad y objetividad.
Finalmente se ha dado el primer paso -altamente significativo y trascendental- para de una vez por todas eliminar la impunidad enraizada desde siempre, que ha permitido a redes delictivas constituidas por burócratas y criminales de cuello blanco infiltrar y debilitar nuestra frágil institucionalidad para provecho particular, en contraposición al bien colectivo, en el proceso saqueando el erario nacional para el enriquecimiento ilícito.
Las expectativas populares por el fin de la impunidad no pueden ni deben nuevamente ser defraudas, so pena de sabotear nuestro incipiente sistema democrático.
