Los dramáticos niveles de penuria, marginalidad y exclusión social que afectan directamente al 38.3% de los hogares hondureños, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como el porcentaje de pobreza, que comprende al 60.1% del total poblacional, reflejan elocuentemente que el desarrollo humano sostenible en nuestro país presenta índices extremos que pueden y deben, cuando menos, ser disminuidos.
Es muy fácil y cómodo atribuir tal calamitoso estado a los afectados, atribuyéndoles múltiples fallas de personalidad que van desde la holgazanería, la falta de iniciativa y espíritu de superación, el conformismo y el fatalismo en sus cosmovisiones, hasta la indolencia y la apatía.
Tal conclusión contiene algo de verdad y mucho de falsedad. Las causas estructurales van más allá de análisis superficiales y prejuiciados y permiten contar con análisis estructurales con respecto al capital y al recurso humano, el más valioso de cualquier nación.
La concentración del recurso tierra y de la riqueza, la ausencia de acceso igualitario a las oportunidades económicas y a bienes y servicios básicos de calidad, la corrupción e impunidad en el manejo y administración de fondos públicos, un sistema impositivo de carácter regresivo, la inseguridad alimentaria y una inflación que neutraliza los ingresos y los incrementos salariales militan adversamente contra los intentos -esporádicos y limitados- por mejorar la condición humana del 60.1 % de compatriotas atrapados en la pobreza crónica, que tiende a perpetuarse de generación en generación.
A ello se suma el otorgamiento de dispensas y exenciones tributarias a personas y empresas de altos ingresos, lo que recarga en los sectores de bajos y medios ingresos el pago de impuestos directos e indirectos. Todos estos factores van en contra de la equidad, la justicia social y la democracia, e impiden la plena participación ciudadana en la vida cívica y en el bien colectivo.Efectivamente, atacar la desigualdad social resulta clave para romper con la relación patrón-cliente, evitando la sobrevaloración de la ciudadanía de aquellos sectores de mayores ingresos, con la consecuente desvalorización de los de menores ingresos.
La lucha integral y permanente contra la pobreza debe incluir la reactivación del sector agrícola, con lo que se reducirá la migración del campo a las ciudades; el apoyo a la pequeña y mediana empresa; la sustitución de importaciones no esenciales; y el diseño de una política salarial responsable, evaluando todo incremento salarial y sus implicaciones en las finanzas públicas y la inversión.
También la capacitación laboral en nuevas técnicas y metodologías, paralela a la creación de un plan de inserción laboral; el uso intensivo de mano de obra y materiales locales en la construcción de infraestructura, con la adecuada supervisión técnica; el uso de energía renovable, hídrica, eólica, solar y fotovoltaica; el diseño de un Plan de Aprovechamiento de Remesas orientado a la producción de patrimonio productivo para la población receptora, entre muchas otras acciones.
Las tareas por hacer son muchas. No debemos ni podemos quedarnos de brazos cruzados. La lucha contra la pobreza es responsabilidad de todos.
